Discapacidad
Transparencia y el Cermi se alían para que la accesibilidad forme parte de las políticas de buen gobierno
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno suscribirán el martes un convenio de colaboración para incorporar de manera transversal la accesibilidad universal y el enfoque de derechos de las personas con discapacidad a las políticas y prácticas de transparencia, Gobierno abierto y rendición de cuentas.
Tal y como informó este domingo el Comité, el acuerdo será firmado en la sede del Cermi de Madrid por sus respectivos presidentes, Luis Cayo Pérez Bueno y Concepción Campos Acuña. Esta alianza, destacaron, parte de una "convicción compartida": "No puede existir una transparencia plena ni un buen gobierno auténtico si la información pública no resulta comprensible y accesible para toda la ciudadanía". Y añadieron que el derecho de acceso a la información pública debe estar garantizado también para las personas con discapacidad, "sin barreras ni exclusiones".
El convenio establece un marco estable de cooperación institucional, técnica, formativa y comunicativa que permitirá desarrollar acciones conjuntas de promoción de la transparencia, actividades de formación sobre transparencia y discapacidad, elaboración de guías y documentos especializados e intercambio de conocimientos y buenas prácticas en materia de accesibilidad y participación.
Asimismo, ambas instituciones trabajarán para incorporar la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad a las políticas de transparencia y para favorecer que sus propias obligaciones de publicidad, información y comunicación se desarrollen con criterios de accesibilidad universal. El acuerdo considera expresamente que las actividades, documentos, materiales, reuniones, espacios presenciales y plataformas digitales que se desarrollen en su marco sean accesibles.
Para el Cermi, esta colaboración representa un paso relevante en el reconocimiento de que la accesibilidad "no es un elemento accesorio ni una consideración sectorial", sino un "componente estructural de la calidad democrática, la integridad institucional y el buen gobierno". En este sentido hacen hincapié en que las administraciones y los organismos públicos deben "garantizar que ninguna persona quede al margen de la información, el control de la actividad pública y la participación en los asuntos colectivos por razón de discapacidad".
El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contará con una comisión paritaria de seguimiento encargada de impulsar, coordinar y evaluar las actuaciones que se desarrollen.
(SERVIMEDIA)
22 Nov 2026
s/fcm
