Fuentes del Ministerio de Transportes explicaron este martes que, con fondos del PRTR, se estableció un programa de ayudas para la renovación de flotas de transporte, incluyendo la adquisición de vehículos pesados de cero y bajas emisiones.

El Ministerio estableció las bases reguladoras del programa y distribuyó los fondos entre las comunidades autónomas, que eran las responsables de convocar, gestionar, resolver, pagar y controlar las ayudas a los beneficiarios. En el caso de la adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones, la ayuda se calculaba tomando como referencia, entre otros elementos, la diferencia de precio entre el vehículo subvencionado y un vehículo convencional de referencia. Para ello, los solicitantes aportaban ofertas o presupuestos de los vehículos.

Posteriormente, en la fase de justificación, se detectó que en determinados expedientes el vehículo finalmente adquirido tenía un precio inferior al utilizado para calcular la ayuda. En estos casos, las comunidades autónomas han procedido a solicitar el reintegro de la parte de la subvención que había sido abonada en exceso, correspondiente a la diferencia entre el importe utilizado para calcular la ayuda y el coste finalmente acreditado.

"La Comunidad de Madrid manifestó que no consideraba que tuviera que realizar estos reintegros, criterio que, según trasladó, también compartían sus servicios jurídicos. Ante esta discrepancia, el Ministerio de Transportes solicitó informe a la Abogacía del Estado para determinar quién debía realizar los reintegros y cuáles eran las consecuencias para los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid", detallaron desde el departamento de Óscar Puente.

Ahora la Abogacía del Estado "ha confirmado ambas cuestiones planteadas por el Ministerio: corresponde a la Comunidad de Madrid tramitar y exigir los reintegros que procedan a los beneficiarios cuando la ayuda abonada exceda de la que corresponde según el coste finalmente justificado. Si la Comunidad de Madrid no realiza los reintegros que corresponden, el Ministerio puede exigir a la Comunidad el reintegro de los fondos que le fueron transferidos y que no hayan quedado correctamente justificados".

Por tanto, el Ministerio ha trasladado formalmente a la Comunidad de Madrid el criterio de la Abogacía del Estado y le ha indicadp que debe proceder a realizar los reintegros correspondientes. "El objetivo es garantizar que los fondos europeos del PRTR se aplican y justifican conforme a las condiciones establecidas y que la ayuda finalmente percibida se corresponde con el gasto efectivamente realizado", precisaron desde Transportes.