Según explicaron fuentes de Transportes, su obligación es tramitar la solicitud de la UTE liderada por Acciona conforme a la legislación vigente y cumpliendo la normativa.

“Resolver un contrato como, en este caso, a petición de la empresa adjudicataria no significa abandonar una obra. El Ministerio debe permitir la tramitación legal de la resolución, pero también exigir que el puente quede seguro, operativo y preparado para la continuidad de los trabajos”, aclararon.

A este respecto, aseguraron que ya se está trabajando de forma paralela en el expediente administrativo independiente necesario para poder culminar esta actuación lo más rápido posible.

Asimismo, explicaron que la Ley de Contratos del Sector Público obliga al contratista a que adopte medidas indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, aunque se tramite la resolución de su contrato.

“Que el contratista mantenga la seguridad o facilite la transición no es un favor a la Administración. Es una obligación legal y contractual en una obra pública, especialmente cuando está en juego una infraestructura esencial para Sevilla y para la movilidad metropolitana”, concluyeron.