Según informó este martes la Policía Nacional, la investigación se inició en mayo, cuando los agentes detectaron que los detenidos estaban utilizando fraudulentamente la identidad de una empresa legal para realizar pedidos de carne congelada.

Los investigadores descubrieron que la organización criminal había realizado inicialmente el encargo de cuatro camiones de carne congelada, de los cuales tres fueron enviados desde Portugal por un valor superior a 200.000 euros.

La mercancía era almacenada temporalmente en una nave que actuaba como centro de tránsito antes de ser distribuida a dos empresas ubicadas en la localidad madrileña de Fuenlabrada y en el municipio toledano de Calera y Chozas.

ALMACENAJE IRREGULAR

Dos de los envíos fueron descargados en una pequeña nave destinada al almacenaje de pienso en Calera de Chozas, propiedad de un amigo de uno de los investigados, donde el producto cárnico permaneció sin las necesarias cámaras de frío.

El tercer pedido fue almacenado en una empresa de Fuenlabrada, donde permaneció varios días en cámaras frigoríficas antes de ser trasladado a una empresa de embutidos para su venta al consumidor final.

Los agentes comprobaron que se trataba de una organización jerarquizada y con un claro reparto de funciones entre sus miembros, donde uno de ellos se encargaba de usurpar datos de empresas solventes.

ROLES DEFINIDOS

Durante la detención, a uno de los autores se le intervinieron cinco teléfonos móviles, blíster de tarjetas SIM de diferentes operadoras, sellos de empresas y varias fotocopias de DNI de los titulares de esos sellos.

Los otros dos miembros del grupo se ocupaban de recibir y descargar la mercancía en las distintas naves, así como de efectuar los pagos de los envíos, que siempre se realizaban en efectivo.

La operación se ha saldado con la detención de tres varones como presuntos responsables de delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, que ya han sido puestos a disposición judicial.

Los detenidos aprovechaban su conocimiento del sector alimentario y del transporte para llevar a cabo las estafas mediante la usurpación de identidades de empresas legítimas.

La investigación ha permitido desarticular esta organización criminal que operaba entre Madrid y Toledo, evitando así nuevos fraudes en el sector de la distribución alimentaria.