Esta es la principal conclusión que recoge el informe publicado este miércoles por el tribunal, que considera que el sistema de gestión actual hace que la Comisión disponga de “escasa información verificada propia” sobre los controles que aplican los Estados miembro para garantizar el buen uso del dinero, y le impide conocer cómo y con qué grado se llevan a cabo estas auditorías. El texto no hace ninguna referencia a la gestión de los países y trata solo la labor de Bruselas.

“Los ciudadanos solo confiarán en nuevas formas de financiación de la UE si tienen la certeza de que su dinero se gasta correctamente”, afirmó Tony Murphy, presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, en atención a los medios en Luxemburgo. “Actualmente, existen lagunas en cuanto a la fiabilidad que puede proporcionar la Comisión respecto al principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia”, apostilló.

Cabe recordar que los fondos europeos del MRR se canalizan de una forma novedosa. A diferencia de otros mecanismos, realiza los pagos a los países cuando verifica que han cumplido los objetivos e hitos acordados en sus planes nacionales de recuperación.

Posteriormente, la Comisión examina si los controles realizados por cada país de la Unión Europea son adecuados y capaces de prevenir, detectar y corregir casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación.

Esto se hará durante los próximos años, ya que hay países que no tienen configurados estos sistemas todavía. España, por su parte, ya ha desarrollado a través de la Agencia Tributaria el programa Minerva, un software de minería de datos que Bruselas ve con buenos ojos en primera instancia.

PETICIÓN DIRECTA A BRUSELAS

En casos de fraude o corrupción, la Comisión Europea tiene competencias para recuperar cualquier importe procedente de esas actividades ilícitas si los países no lo hacen. Sin embargo, el órgano ejecutivo de la UE no tiene previsto examinar “cómo comprueban los países que los proyectos de inversión financiados por el MRR se ajustan a las normas nacionales y de la UE”.

“En consecuencia, la Comisión dispone de escasa información verificada, lo que afecta a la fiabilidad que puede proporcionar. Los auditores advierten de que el incumplimiento de las normas nacionales y de la UE, en aspectos como la contratación pública, las ayudas estatales y la subvencionabilidad, está muy extendido en otros programas de gasto de la UE y constituye un riesgo grave para los intereses financieros de la Unión, [por lo que] solicitan a la Comisión que encuentre formas de colmar las lagunas de fiabilidad a escala de la UE”, declararon desde el Tribunal de Cuentas Europeos.

Asimismo, los auditores de este organismo también señalaron que la información sobre el fraude “tiene margen de mejora” y que se necesita una mayor orientación acerca de las correcciones “a tanto alzado” que deberían aplicarse “de forma coherente” respecto a las insuficiencias observadas en los sistemas de control de los países.

Asimismo, el tribunal reprochó a la Comisión el retraso en la metodología que se aplicará para suspender los pagos de forma total o parcial cuando los Estados miembro incumplan un hito u objetivo. Para la institución europea, esto “hace más probable que los hitos y objetivos que se han revertido pasen desapercibidos”.

“No está claro cuál será el impacto de ese retroceso. Además, solo ahora, casi en el ecuador de la vigencia de este instrumento temporal, ha determinado cuánto dinero debería inmovilizarse o reducirse si un país no cumple plenamente un objetivo o hito”, deploraron desde el tribunal.