La decisión la adoptó este miércoles la Consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que ha dictado una providencia en la que deniega la petición del expresidente catalán.

Por un lado, la resolución denegatoria se fundamenta en que la petición no se ha realizado con la antelación suficiente para poder ser tramitada en los términos previstos por la Ley. En este sentido, la providencia razona que los solicitantes han tenido casi un año para poder realizar su petición y, sin embargo, no la han formulado hasta que faltaban cuatro días para el acto de la práctica de la prueba fijado para el próximo viernes día 17 de noviembre de 2023.

Por otro lado, la providencia se basa en el hecho de que los solicitantes no han explicado ni han justificado las causas y razones por las que Puigdemont no podría comparecer a declarar el próximo día 17 de noviembre de 2023 en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, tal y como se resolvió en la propia audiencia previa, celebrada el día 16 de diciembre de 2022.

La decisión se confirmó expresamente en dos resoluciones posteriores (una de fecha 26 de junio de 2023 y otra de fecha 17 de octubre de 2023), que versaban sobre la forma en la que se realizaría el interrogatorio de parte y las pruebas testificales que fueron admitidas en el momento procesal oportuno.

En definitiva, dice el TCu, se mantienen incólumes todos los pronunciamientos recogidos en la anterior providencia de fecha 17 de octubre de 2023, lo que supone que el procedimiento se sustanciará en el juicio del próximo viernes, tras el cual las partes presentarán sus conclusiones escritas.

Sobre Puigdemont pesa una orden de detención nacional, por lo que en caso de acudir a la cita en el Tribunal de Cuentas podría ser detenido y puesto a disposición del juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena.

Puigdemont está acusado en este proceso junto a otras 34 personas, fundamentalmente exaltos cargos de la administración catalana, entre los que están el también expresidente Artur Mas y el exvicepresidente Orial Junqueras. Se trata de una vista del procedimiento de reintegro del dinero desviado, en el que se practicarán las pruebas de interrogatorio de parte y testigos que ya fueron admitidas en la audiencia previa que se celebró el pasado mes de diciembre.

La Fiscalía reclama 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria a todos ellos, mientras que la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana (SCC) defiende que 11 de los encausados deberían ser condenados a devolver a las arcas públicas cinco millones de euros. La Abogacía del Estado se retiró anteriormente de este procedimiento.

El procedimiento se inició en abril de 2019, tras la aprobación por el Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización sobre el destino de los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña entre los años 2011 y 2017.

En enero de 2020, el órgano fiscalizador concluyó el acta de liquidación provisional complementaria por la presunta malversación de fondos para la organización del referéndum del 1-O y fijó una fianza de 4.146.274,97 euros que los presuntos responsables contables ya garantizaron con el fin de evitar el embargo de bienes ante una posible futura condena.

Hubo una segunda liquidación provisional en junio de 2021, por el dinero destinado a las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, por un importe de 5.422.879,48 euros. Esta fianza fue aportada mediante un aval de la Generalitat de Cataluña, que en un primer momento fue rechazado por la delegada instructora, Esperanza García, pero que finalmente fue aceptado por la Sala de Enjuiciamiento.