Según el fallo de la sala octava del Tribunal de Justicia de la UE, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartado 7, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60 por la que debería haber revisado o actualizado, en los plazos establecidos, los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote y ES125 La Palma.

En el mismo sentido, la Justicia europea considera probado que España ha incumplido también las obligaciones de la Directiva 2007/60 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, al no haber revisado ni, en su caso actualizado, en los plazos establecidos, los planes de gestión del riesgo de inundación en lo que respecta a las mismas demarcaciones.

A este respecto, aunque España alegó haber enviado a la Comisión los borradores de los informes de evaluación, el órgano comunitario entendió que esa información "no son más que documentos de trabajo de los servicios técnicos".

En cuanto al incumplimiento de la Directiva que rige los planes hidrológicos, el Tribunal considera que España no habría cumplido en la fecha máxima establecida, el 28 de noviembre de 2023, ya que no fue hasta el 22 de octubre de 2024 cuando el Gobierno español remitió una notificación mediante correo electrónico a la Comisión informando de la publicación definitiva de los planes hidrológicos de Lanzarote y Fuerteventura.

Respecto al retraso sobre el plan de La Palma, el Gobierno justificó que se debió a la erupción volcánica de septiembre de 2021, cuestión que el Tribunal no ha tenido en cuenta al considerar que el Estado tuvo tiempo pues la explicación llego "casi un año después de que hubiese expirado el plazo previsto en el dictamen motivado y casi cuatro años después del acontecimiento imprevisible invocado".

Ante estos incumplimientos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado en costas a España.