La demanda había sido promovida por el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde el alumno cursó sus estudios. Dicho estudiante había sido aprobado con un suficiente en dicho examen aunque posteriormente se comprobó que había copidado de otra alumna, que declaró en el juicio en contra del acusado reconociendo que se había copiado de su examen.

El tribnal además ha anulado todos los actos administrativos que el abogado emprendió en su primer año de ejercicio profesional, anulando también las tasas abonadas para obtener su título universitario.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que el criterio del profesor que asegura que el demandado había copiado era correcto, quedando además refrendado por el testimonio de su compañera de clase a la que se decidió aprobar ya que "ella no tenía culpa de lo ocurrido".