El Alto Tribunal se declaró competente para investigar la causa dada la condición de eurodiputado del empresario, que está acusado por estos hechos de un delito contra el derecho a la difusión informativa.

Según el texto de la querella, empleados del club arrebataron los micrófonos inalámbricos y teléfonos portátiles a varios informadores cuando accedían a las dependencias del estadio Rayo Vallecano, por lo que les fue imposible realizar su trabajo.

Los vigilantes dijeron que cumplían órdenes del apoderado de la entidad deportiva y del propio presidente del club, José María Ruiz-Mateos. El fiscal estima que estos hechos no constituyen delito alguno y solicita a la sala el archivo de las diligencias.

El representante del ministerio público no se ha pronunciado, sin embargo, sobre la conveniencia de sobreseer las actuaciones en lo que respecta al presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, que también se encuentra querellado por la Asociación d la Prensa madrileña por el mismo delito.

Además, Gil está acusado de un delito de coacciones, ya que varios periodistas fueron agredidos por los empleados del Atlético de Madrid el pasado 6 de septiembre durante el partido de Liga disputado entre el club madrileño y el Tenerife.

El archivo de la querella contra Ruiz-Mateos, único aforado en la causa, obligaría al Tribunal Supremo a remitir las actuaciones contra Gil a los juzgados ordinarios.