Según informó hoy el Tribunal, la actuación de España es "contraria al derecho comunitario", dado que incide en el nivel de carga fiscal de los sujetos, algo que debe aplicarse por igual en todos los Estados miembros, pero España es una excepción.

Finalmente, afirma que la postura de la normativa española introduce un criterio "de limitación del derecho a deducción", algo no está autorizado por las directivas comunitarias.