La sentencia de la sala Contencioso Administrativa del TSJN, que es firme al no haber sido recurrida por el abogado del Estado, no vincula al resto de objetores en las misma situación, que deberían emprender acciones legales, pero cuestiona la actuación del Estado en esta materia. Cerca de 75.000 objetores españoles, de los que más de 1.000 son navarros, podríanverse afectados por esta sentencia, según afirmaba hoy "Diario de Navarra".

Se da la circunstancia, según afirmaron fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia, de que al menos 15 jóvenes navarros, del más de un centenar que se encuentran encarcelados en Pamplona, eran objetores a los que la Administración se demoró en llamarles para realizar la PSS. Por este motivo, sus abogados estudian ahora la posibilidad de interponer un recurso contra sus encarcelamientos por la negativa a realizar este sericio social.

De acuerdo con el texto judicial, la situación de disponibilidad de un objetor será de un año desde que éste es declarado útil. Conforme a la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, el expediente que declara útil o no a un objetor debe resolverse en menos de seis meses o en tres meses, conforme a la actual legislación aprobada en 1992.

El Ministerio de Justicia ha mantenido la tesis de que si el interesado entiende excesivo el tiempo de tramitación de un expediente, puede insta para que el mismo se resuelva. Frente a esta postura, el TSJ de Navarra considera que ello va "contra la seguridad jurídica del administrado", a la par que destaca que la Administración "no puede resolver o no cuando lo estime conveniente".