Según un nuevo informe de la Policía en el ‘caso Plus Ultra’ que investiga la Audiencia Nacional, la intermediación de Zapatero era "remunerada por los clientes de la organización criminal" a cuya cabeza le sitúan.

El citado informe señala que los cobros se producían "simulando servicios de asesoría no prestados, y creando contratos ‘ad hoc’ para justificar dichos pagos". El informe se conoce el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados en un Pleno sobre corrupción.

En este último informe remitido al juez José Luis Calama, la UDEF explica que detrás de "los sucesivos contactos mantenidos" por el expresidente del Gobierno "con autoridades bolivianas" subyacía "una dinámica de intermediación e influencias orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria”.

Según los investigadores, toda esa actividad se pone en marcha “mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

El informe de la UDEF analiza decenas de mensajes entre colaboradores de Zapatero y en concreto las comunicaciones de su secretaria Gertrudis Alcázar, también investigada en esta causa. El Grupo Gloria, de origen peruano, se pudo beneficiar de la intermediación del expresidente ante las autoridades bolivianas, país donde la sociedad había contraído una importante deuda.

Los investigadores consideran que Zapatero aprovechó su posición como expresidente y sus contactos internacionales para cometer un delito de tráfico de influencias para favorecer a la empresa peruana a cambio del cobro de 200.000 euros con el respaldo de un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus.

Se da la circunstancia de que el juez Calama preguntó a Zapatero directamente por el tipo de asesoramiento que había realizado para Focus Social Research, durante su declaración del pasado día 17. El expresidente no respondió a esa pregunta con el argumento de que no estaba preparado para hacerlo y concluyó: “Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”.

Los agentes basan sus conclusiones en el contenido de decenas de mensajes y correos electrónicos intervenidos a Gertrudis Alcázar. Y sostienen que el contrato de asesoría que firmó Zapatero con Focus Social Research escondía un medio para cobrar por su influencia sobre las autoridades de Bolivia y solucionar el problema millonario de Grupo Gloria.

Según la UDEF, Zapatero no realizó ningún trabajo de asesoría, pero viajó hasta La Paz y a Sucre en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país andino. Algunas de esas citas fueron con el presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado. El Grupo Gloria tenía pendientes varias acusaciones de competencia desleal en Bolivia por la actividad de una de sus empresas: Soboce.

En febrero de 2025, tan sólo unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a Soboce a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. En mayo de 2025, sin embargo, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. El procedimiento llega a hasta la actualidad puesto que el caso está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional que deberá confirmar o anular la decisión.

La Policía concluye que los datos analizados “se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia desde 2020 hasta noviembre 2025, y César Siles fue ministro de Justicia. Actualmente está acusado por la Fiscalía boliviana de corrupción por maniobrar contra una magistrada del Tribunal Supremo. También Arce tiene deudas pendientes con la justicia y fua detenido el pasado mes de diciembre por participar, supuestamente, en el saqueo del Fondo Indígena cuando era ministro de Economía bajo presidencia de Evo Morales.