Ayer, miércoles, los embajadores de la UE dieron su visto bueno al posible trasvase con fines de defensa y seguridad de una parte de los 392.000 millones de euros de la política de cohesión, el fondo que constituye aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE para 2021-2027, concebido para ayudar a las regiones más pobres a converger con la media de la UE.

En el marco de la actual revisión intermedia del Fondo, los líderes de la UE han decidido dar prioridad a las capacidades de defensa. Este cambio ha suscitado críticas por el posible recorte de la financiación de programas sociales y para impulsar la economía en favor del gasto militar.

A finales de la semana pasada, los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un compromiso sobre la redacción exacta.

"A la luz de [...] la necesidad de que la Unión garantice su propia defensa y preparación civil, la financiación de la política de cohesión debe movilizarse rápidamente para apoyar directamente las inversiones en capacidades de defensa y seguridad civil", reza el texto del acuerdo.

También se mencionan otras prioridades de la UE, entre ellas la competitividad económica y la transición a las energías renovables.

La revisión abre la posibilidad de que los países de la UE utilicen los fondos regionales para apoyar a la industria de defensa, así como para modernizar las infraestructuras a fin de adaptarlas a las necesidades de defensa.

Para mantener la coherencia con el objetivo original del fondo, esas inversiones "deben dar prioridad a proyectos que fomenten el empleo, el desarrollo de competencias y la diversificación industrial a escala regional", según el documento.

Los proyectos beneficiarios deberían hacer hincapié en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las tecnologías de doble uso.

Varios países de la UE presionaron para ampliar aún más el alcance de los fondos de cohesión en algunos ámbitos concretos. Pero según la redacción del texto, los objetivos que se señalan parecen suficientemente amplios como para para satisfacer a la mayoría de socios del bloque.

La propuesta original de la Comisión Europea fue criticada por varios expertos y por numerosas regiones por, a su juicio, desviar fondos al sector de la defensa y las grandes empresas.

En ese sentido, la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, expresó su temor de que el cambio convierta la política de cohesión en "un simple fondo ambulancia utilizado para parchear los efectos secundarios del cambio de prioridades".

La aprobación definitiva de las nuevas prioridades para la financiación de la cohesión (con sus objetivos ampliados ahora al ámbito de la defensa y seguridad) parece muy probable tras el visto bueno de los embajadores de los socios de la UE y el éxito de las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento.

Los ministros europeos del ramo tendrán que dar su visto bueno final en una próxima reunión oficial, y los eurodiputados tendrán que aprobarlo en su próxima sesión plenaria tras el receso veraniego.