El conflicto entre la Administración estatal y la de Euskadi tuvo su origen en una determinada legislación foral que data de los años 80 y que contempla importantes ventajas y desgravaciones tributarias a las empresas que se instalan en territorio vasco. El fin de esta medida era atraer la inversión y favorecer la actividad económica en la zona.

Según la posición comunitaria, las "minivacaciones fiscales" figuran entre las normas más controvertidas. Esta normatia supone una considerable rebaja en el Impuesto de Sociedades de forma decreciente y durante los primeros cuatro años a partir de la instalación de una empresa, y se aplicaba a empresas de nueva implantación que crearan, por lo menos, 10 puestos de trabajo y realizaran una inversión mínima en activos materiales fijos durante los 2 primeros años.

A lo largo de los años, la situación se ha agravado hasta tal punto que existen ya 101 recursos pendientes de resolución, algunos de ellos desde hace casi 10 ños.

El Tribunal de las Comunidades Europeas dejará sin respuesta la solicitud de demanda perjudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia vasco, pero sigue teniendo competencias para continuar con el asunto siempre que estime que su resolución puede ser útil o esclarecedora en algún aspecto del derecho comunitario.