El sindicato dijo que “valora” los “avances que se han producido en dicha ley”, pero estimó que el Gobierno “ha perdido la oportunidad de introducir otras medidas esenciales”, según aseguró en un comunicado en el que calificó de “positivos” aspectos ya exigidos por la propia organización sindical como la introducción del contrato indefinido de incorporación al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) y el nuevo contrato post-doctoral, que espera que reduzcan la precariedad de los científicos y proporcionen “un horizonte laboral más estable a nuestros jóvenes investigadores”.

En paralelo, también valoró el establecimiento del derecho a indemnización por extinción de contrato para los investigadores pre y post-doctorales, así como el impulso de la movilidad de este personal y el reconocimiento de la actividad investigadora a lo largo de toda la carrera del personal investigador, “independientemente de si ésta ha sido en OPIs, universidades, o cualquier otro agente público de I+D+i”.

Asimismo, resaltó el hecho de que la ley “fomente” la actividad de innovación y transferencia, incluyendo la consolidación del sexenio de transferencia y, en cuanto a las medidas para reducir las cargas burocráticas, pese a creerlas “positivas”, lamentó que resultan “insuficientes para afianzar la ley y su desarrollo”. Con todo, la introducción de una disposición adicional destinada a blindar la financiación pública de la I+D+i para alcanzar el 1,25% del PIB en 2030 y la promoción de la colaboración público-privada son, a su entender, “elementos necesarios y bienvenidos”.

El sindicato denunció que el proyecto presenta también “dos grandes lagunas”, como son la ausencia de una definición de la carrera profesional y promoción horizontal del personal técnico y de gestión y la falta de un “plan ambicioso” para “incentivar” el retorno de miles de investigadores españoles emigrados.

“Desde UGT, hemos reivindicado este punto desde el inicio de las negociaciones y esperamos alguna modificación durante el trámite parlamentario de dicho Anteproyecto de Ley que permita incluir medidas más concretas y eficaces para la atracción de talento y para el retorno de parte de nuestros investigadores emigrados”, espetó la organización sindical, para la que “el éxito o no de esta ley” dependerá “totalmente” del número de plazas estables ofertadas cada año.

Tras subrayar la necesidad de un “mayor esfuerzo” de todo el Secti por reducir al “mínimo posible” los trámites administrativos y reivindicar que la Ley Orgánica del Sistema Universitario “deberá estar perfectamente armonizada con la nueva Ley de la Ciencia”, el sindicato juzgó “necesaria” la apertura de las correspondientes Mesas de Diálogo Social para negociar “en forma y plazo” las medidas que, según su punto de vista, “requiere nuestra ciencia y su mejor valor, el personal que trabaja en ella”.