Las diligencias del auto de Miguel Moreiras acusan a UGT de haber haber extorsionado a varios empresarios privados, que pretendían hacrse con varias líneas de autobuses adjudicadas por Renfe, debido a que en 1988, fecha de los hechos, varios directivos de Etnacar eran a su vez miembros del sindicato.

La Comisión Ejecutiva del sindicato emitió hoy un comunicado en que asegura que las líneas se vendieron conforme a la normativa vigente, y que una comisión Renfe-Fenebús (patronal de transportes) fijó un precio igual para todos y con un proceso "del que UGT es tan ajeno como cualquier otra institución sindical, religiosa, deportiva o cutural".

Además, UGT afirmó que todo el auto de Moreiras está basado en las declaraciones de Cecilio Cerecedo, propietario de Trapemusa, que compró la línea Lorca-Murcia para lo que pagó supuestamente una comisión de 30 millones de pesetas, "cuyas intenciones son tan sólo exculpatorias de su propia persona, haciendo caso omiso de muchas declaraciones de testigos que niegan las acusaciones".

No obstante, el sindicato reconoció que en ningún momento ha rechazado las donaciones de entidades privadas ara sus actividades sociales y culturales, y aún más en 1988, cuando se celebró el centenario de UGT.