Según los dos sindicatos mayoritarios, en el ámbito laboral se realizan pruebas de detección del consumo de drogas a los trabajadores, mientras la actuación, a su juicio, debe ir dirigida en la línea del cumplimiento de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta recomendación, de acuerdo con GT y CCOO, insta a los gobiernos y empresarios al establecimiento de planes de prevención en los centros de trabajo, garantizando el mantenimiento del puesto de trabajo y facilitando instrumentos para la rehabilitación de los trabajadores afectados por el abuso de las drogas.

Los responsables de ambos sindicatos insisten en la necesidad de analizar y modificar las condiciones de trabajo que inciden de forma negativa en la salud de los trabajadores, especialmente aquellas que puedan repercutir en el foento de los hábitos de consumo de drogas.

También piden la creación y potenciación de recursos públicos de atención a drogodependientes y la puesta en marcha de medidas de prevención en los pueblos y ciudades, a través de prestaciones y equipamientos sociales, culturales y deportivos en los barrios.

En el comunicado, UGT y CCOO se refieren también al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, al que muestran su más "enérgico rechazo", al considerar que afecta al derecho constitucional a la inviolabiidad del domicilio, "dejando al libre arbitrio de la autoridad administrativa la procedencia o no de entrar en el domicilio de un particular".

Concluyen la nota asegurando que las medidas puramente represivas no solucionan el problema de la droga, no tienen ningún efecto de reinserción social y recaen generalmente sobre los más débiles.