Los secretarios de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, y de CCOO, Agustín Moreno, manifestaron ayer por la noche, tras entrevistarse con el ministr de Trabajo, Luis Martínez Noval, que el acuerdo alcanzado hasta ahora cubre el 80 por ciento de la ley, pero que los puntos de discrepancia tiene una importancia cualitativa fundamental.

Martinez Noval afirmó que es "optimista" porque hay acercamiento en casi todos los temas, por lo que expresó su confianza en que mañana sea posible concretar las enmiendas que tramitará el Grupo Socialista, antes de que se cierre el plazo para presentarlas, el próximo día 27.

Las discrepancias se centran en la fjación de los servicios mínimos, que los sindicatos quieren que sean arbitrados por una instancia en la que la Administración no tenga la última palabra, y en el régimen sancionatorio.

En este último aspecto, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros prevé la aplicación de multas de hasta 500.000 pesetas a los sindicatos que convoquen paros ilegales y los empresarios que incumplan sus obligaciones sobre el mantenimiento de servicios esenciales, hasta con un millón.

Por el contrario, los diigentes sindicales y el ministro reconocieron que existen profundas diferencias sobre el proyecto de Ley de Seguridad Laboral, tras decidir el Gobierno modificar el texto pactado con UGT y CCOO el pasado 20 de enero.

Rodríguez acusó al Gobierno de intentar reducir a la mínima expresión la figura del delegado de prevención, que en el texto original podían crear casi todas las empresas y al que se le reconocían horas sindicales para desarrollar su labor.

A su juicio, "una Ley de Salud Laboral sin dlegados de prevención es como un jardín sin flores". Rodríguez achacó el cambio de actitud del Ministerio de Trabajo a las presiones ejercidas por la patronal ante el Ministerio de Economía.

La modificación más significativa propuesta por el Ministerio de Trabajo consite en limitar los delegados de prevención a las empresas de más de 250 trabajadores y las de actividades de especial peligrosidad.

La patronal había estimado que el primer borrador de la ley suponía la creación de 996.000 delegados,con un coste anual para las empresas de 300.000 millones de pesetas. Con los cambios propuestos por Trabajo, los delegados serán menos de diez mil.