Lo hicieron en una rueda de prensa conjunta celebrada en Madrid en la que reseñaron la “urgente necesidad de garantizar una regulación legal para la igualdad real y efectiva de las personas Lgtbi+ que asegure sus derechos, para cambiar así la situación de discriminación directa e indirecta que sufren, especialmente en el empleo, promoviendo así acciones positivas necesarias para tal fin”.

Por ello, ambos sindicatos han acordado trabajar conjuntamente para “incidir en la protección de las personas Lgtbi+ migrantes, que huyen de la persecución por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”; “garantizar un mayor apoyo institucional a las personas Lgtbi+ con discapacidad y/o con cualesquiera otras circunstancias añadidas que amplíen la posibilidad de discriminación”; “reiterar nuestro apoyo a la prohibición de las terapias de conversión en todo el territorio del Estado”; “reforzar los derechos sociosanitarios de las personas Lgtbi+, ampliando y asegurando la cartera de servicios del Sistema Público Nacional de Salud y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”; “mostrar nuestro compromiso en la lucha contra los delitos de odio y los discursos que los promueven”; “impulsar políticas para la defensa de los derechos de las familias Lgtbi+”; y “promover políticas municipalistas que garanticen en el mundo rural una vivencia plena para personas Lgtbi+ que sufren de un mayor aislamiento, rechazo y discriminación por falta de referentes y menor espacio de socialización”.

A su vez, UGT y CCOO reivindicaron la necesidad de poner en marcha “medidas a través de la negociación colectiva para prevenir y erradicar el acoso por orientación sexual e identidad y/o expresión de género en los centros de trabajo”; “reforzar el compromiso de las empresas en la lucha contra la discriminación de las personas Lgtbi+ a través de la creación y elaboración de medidas planificadas para garantizar la igualdad de condiciones en el empleo”; fomentar, a través de sus acciones como sindicatos de clase, “medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas Lgtbi+, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades”; e “incorporar en los convenios colectivos protocolos contra el acoso destinados a la protección de las personas Lgtbi+”.

Por su parte, ambas centrales sindicales se mostraron de acuerdo en compartir una estrategia de introducción de la lucha contra la discriminación ‘Lgtbifóbica’ en la negociación de los convenios colectivos mediante una serie de medidas que “permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos”; promoviendo que “cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia, incluya a las familias y parejas conformadas por personas Lgtbi+”; estableciendo “programas y proyectos de sensibilización en la empresa respecto a las medidas de igualdad acordadas”; auspiciando una “formación específica y obligatoria a mandos intermedios y representantes legales de las personas trabajadoras”; incorporando en la elaboración de evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención la ‘Lgtbifobia’ como riesgo psicosocial; y garantizando la evaluación de estas medidas por parte de las direcciones de las empresas y la representación de los trabajadores.

Por último, UGT y CCOO subrayaron la importancia de que los protocolos de lucha contra la discriminación hacia las personas Lgtbi+ en los centros de trabajo contengan un “claro compromiso de actuación de las partes en el desarrollo de políticas de igualdad y no discriminación”, con el fin de “garantizar un entorno laboral inclusivo donde las personas se sientan seguras y no discriminadas”, cuyo ámbito de aplicación sea “lo más extenso posible”, desde los trabajadores hasta las empresas colaboradoras o los proveedores.

En ese sentido, la vigencia y los mecanismos de revisión de los protocolos podrán ser por imperativo legal o a propuesta de las partes; también pidieron que en las comisiones de investigación los representantes de los trabajadores estén representado, garantizándose la protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de la víctima y el establecimiento de medidas cautelares que aparten preventivamente al supuesto acosador mientras se resuelve el procedimiento.