El personal laboral de la AGE exigió más empleo público y salarios actualizados; la adaptación retributiva según el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep); una carrera horizontal, y la homologación de condiciones.

El sindicato también reclamó sistemas más flexibles de promoción; el cumplimiento de las convocatorias abiertas en el IV Convenio, que estableció el concurso abierto y permanente como sistema de movilidad, y una formación orientada tanto al desempeño del puesto de trabajo como a facilitar la promoción profesional.

El coordinador general del Convenio Único de UGT Servicios Públicos, Alberto Pablos, leyó un manifiesto durante la concentración, en el que denunció las plantillas desbordadas, la sobrecarga de trabajo y los servicios públicos debilitados, así como la falta de recursos para atender a cada vez más necesidades. Asimismo, Pablos recalcó que “los salarios del personal laboral de la Administración del Estado han perdido capacidad de atracción y capacidad de retención” en este tiempo.

“Mientras el coste de la vida sigue subiendo, nuestras retribuciones continúan quedándose atrás. En 2019, la diferencia entre el salario más bajo del convenio y el Salario Mínimo Interprofesional era de unos 170 euros. Hoy apenas supera los 40 euros”, alertó.

En cuanto al empleo público, el sindicato consideró que la falta de cobertura de plazas estructurales está generando “una situación de alarma” en numerosos servicios públicos y permite pensar que se está favoreciendo la externalización y la privatización de servicios.

Esto se refleja en que de las 42.330 plazas con que cuenta el IV Convenio Único solo 25.238 están ocupadas, a pesar de tratarse de una plantilla altamente especializada y presente en todos los ministerios y organismos del Estado que desempeña labores fundamentales al servicio de la ciudadanía en ámbitos muy distintos.

Dentro del IV Convenio Único hay, por tanto, más de 17.000 plazas vacantes, a lo que hay que añadir miles de plazas pendientes todavía de convocatoria correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026.

Además, hay más de 7.000 plazas de turno libre comprometidas que siguen sin ser convocadas desde 2023, en tanto los centros de trabajo soportan falta de efectivos, sobrecarga laboral y deterioro de los servicios públicos, según UGT.

UGT recalcó que “defender al personal laboral no es únicamente defender derechos laborales”, sino “defender unos servicios públicos fuertes, profesionales y de calidad para toda la ciudadanía”.

El sindicato instó a que el V Convenio colectivo sirva para reforzar el empleo público, reconocer la diversidad profesional existente y garantizar unas condiciones laborales acordes a la responsabilidad que desempeñan miles de trabajadoras y trabajadores públicos cada día.

La mesa negociadora del V Convenio se constituyó hace 18 meses, sin que se hayan producido avances. UGT avisó de que no va a aceptar más retrasos ni que las cuestiones fundamentales se bloqueen indefinidamente. El sindicato continuará con las movilizaciones después del verano si el Ministerio no atiende a las reivindicaciones planteadas.