El sindicato también pidió que la adaptación normativa española preserve el derecho de asilo, asegure el acceso efectivo a procedimientos individualizados con garantías jurídicas suficientes y evite mecanismos que puedan traducirse “en restricciones desproporcionadas” del acceso a la protección internacional.

Por otro lado, UGT avisó de que las normas europeas no pueden suponer “la externalización del control migratorio”, ni internamientos injustificados o procedimientos acelerados que limiten el derecho de defensa.

Para el sindicato, resulta fundamental reforzar los sistemas públicos de acogida, dotar de recursos suficientes a la administración para reducir la demora en la resolución de expedientes y situar la dignidad humana y la cohesión social en el centro de la política migratoria y de asilo.

MURO DE CONTENCIÓN

“Nuestro sindicato y el sindicalismo europeo debemos constituir un muro de contención frente al avance de las políticas contrarias a las personas migrantes y frente al recorte de las garantías del derecho de asilo y de la protección internacional”, expresó en un comunicado.

UGT también criticó el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya que, a su juicio, “persigue dificultar la entrada en la Unión Europea de la mayoría de las personas solicitantes de protección internacional” y, por otro, “acelerar la resolución de las solicitudes”, de forma que complique el examen adecuado de las circunstancias personales de quienes solicitan asilo.

El sindicato denunció que la propuesta de Reglamento sobre los retornos, aprobada recientemente por el Parlamento europeo, agiliza los procedimientos de expulsión y consolida la práctica de acuerdos con terceros países dudosamente seguros para que sean receptores de las personas expulsadas.

UGT recordó que, a finales de 2025, había cerca de 42 millones de refugiados en el mundo y 9 millones de solicitantes de protección internacional, con 1,2 millones de ellas en la Unión Europea, según datos de Acnur.