Por ello, reclamó que todos los recursos para las víctimas de violencia de género sean accesibles y que, tal y como propugna el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las mujeres con discapacidad que lo precisen dispongan de la figura de un asistente personal, “para que puedan hacer uso de estos recursos y no se queden atrás a la hora de denunciar”.

Según Gallego, “la brecha salarial y la pobreza tienen cara de mujer”. “Los cuidados siguen recayendo en las mujeres, que son las que dejan sus puestos de trabajo cuando tienen que cuidar de un familiar”, y destacó que “sigue siendo muy difícil conciliar la vida laboral con la personal cuando se tienen hijos.

Por ello, reclamó que los cuidados “sean remunerados y profesionales”, pues de lo contrario “no estaremos en igualdad de condiciones”.

Gallego se refirió también a la elevada tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad (76%) y a la brecha salarial que arrastran, que aumentan la vulnerabilidad del colectivo.

Por último, llamó a “estar vigilantes para no retroceder en derechos conseguidos y que no haya ningún paso para atrás, pues cuando vienen mal dadas somos las que más vemos recortadas nuestros derechos”.