Así lo refleja el Barómetro del mes de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se publicó este viernes después de 4.016 entrevistas realizadas entre los días 4 y 18, y que escogió este polémico principio como tema de actualidad del estudio.

El 79,6% de los encuestados afirmó haber oído hablar de los acuerdos entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, y, de ellos, el 43,9% considera el criterio compatible con la Constitución y el 39,9% no. Si se hace la pregunta a todos los encuestados, incluidos los que no han oído hablar de ello, los porcentajes bajan al 35% y el 31,7%, con lo que la proporción es semejante.

Entre quienes han oído hablar de los acuerdos, el 52,2% se declararon "poco o nada de acuerdo" con que el criterio de prioridad nacional inspire las políticas sociales, mientras que el 44,6% afirmó estar "muy o bastante de acuerdo". Está claro que el tema no deja indiferente a nadie, puesto que sólo el 0,9% se acogió al "no sabe" y un 2,3% al "no contesta".

La proporción tampoco cambia mucho entre el total de personas entrevistadas, oyeran o no oyeran hablar del principio. El 41,5% afirmó estar "poco o nada de acuerdo" con que este criterio rija en la asinación de políticas sociales, mientras que, por el contrario, el 35,5% se confesó "muy o bastante de acuerdo" con este principio alumbrado por Vox y aceptado con matices por el PP.

LA LITERALIDAD DE LOS ACUERDOS

La literalidad de los acuerdos suscritos por PP y Vox en Extremadura y Aragón recoge que la única exigencia para el acceso a vivienda pública es el “empadronamiento histórico” de 5 años para el régimen de alquiler, y de 10 años para la compra.

A partir de ahí, los gobiernos de PP y Vox valorarán positivamente y sin ser un criterio eliminatorio -también para las prestaciones públicas- “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con la comunidad autónoma en la que residen, que no con España, según se desprende del propio acuerdo.

Por tanto, el principio de “prioridad nacional” que “inspirará” la concesión de ayudas públicas en Extremadura y Aragón con los nuevos gobiernos de PP y Vox dificultará el acceso a quienes no acrediten “arraigo” en la región, ya sean inmigrantes o españoles sin vinculación previa con el territorio.