Así lo anunció este martes CECU en un comunicado en el que precisó que, entre las propuestas de reforma, las “más preocupantes” son las relacionadas con las compensaciones a los pasajeros en caso de cancelaciones y retrasos, que, a su juicio, “podrían suponer un recorte sustancial de los derechos actualmente vigentes”.

Las organizaciones advierten de que, si prospera la propuesta actual, viajar en avión en la UE “implicará menos protección y más costes para las personas consumidoras”.

En concreto, deslizaron que la “mayoría” de los retrasos dejarán de compensarse, dado que, actualmente, un retraso de más de tres horas da derecho a indemnización y, con la reforma, este umbral subiría a cuatro o incluso seis horas, lo que, según sus cálculos, “dejaría sin compensación a más del 60% de los pasajeros que hoy sí la reciben”.

“El sistema actual ha demostrado ser eficaz: ha contribuido a reducir los grandes retrasos (más de tres horas) hasta en un 70% y los retrasos prolongados en vuelos de corta distancia hasta en un 66%, incentivando a las aerolíneas a mejorar su puntualidad”, abundaron.

INDEMNIZACIONES

En paralelo, señalaron que la reforma también plantea “recortar” las indemnizaciones pues la compensación mínima bajaría de 250 euros a 83, un 67% menos”, de este modo “debilitando estos incentivos y trasladando más costes a las personas consumidoras”.

Además, recordaron que al pasajero podrán cancelarle el vuelo con solo 48 horas de aviso. “Frente a los 14 días actuales, si la reforma saliera adelante las aerolíneas podrían cancelar con muy poca antelación sin compensar, obligando al pasajero a reorganizar su viaje a precios más altos y con menos alternativas”, prosiguieron.

“Al ampliarse las 'circunstancias extraordinarias', las compañías podrían evitar compensaciones en más casos, incluso en situaciones que dependen de su propia organización”, agregaron, al tiempo que indicaron que el usuario seguirá pagando un extra por servicios básicos como el equipaje de mano, reservar asientos junto a personas dependientes o menores de edad o imprimir la tarjeta de embarque.

Por último, avanzaron que reclamar “seguirá siendo complicado: hoy solo el 38% de los pasajeros con derecho a compensación la recibe y la mayoría ni siquiera reclama”. “Si no se introducen mejoras en el procedimiento, esta situación no mejorará”, concluyeron.

MEDIDAS CLAVE

En este contexto, CECU, Asufin y el resto de las organizaciones firmantes reclaman a las instituciones europeas que la reforma “refuerce y no debilite los derechos de los pasajeros”.

Por ello, abogan por mantener los umbrales y cuantías actuales de compensación, no aumentar las horas mínimas de retraso ni reducir las indemnizaciones, “para garantizar que sigan siendo eficaces y disuasorias”, y por alinear las “circunstancias extraordinarias” con la jurisprudencia europea, evitar ampliar estas excepciones y excluir expresamente las huelgas del personal de las aerolíneas.

“Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos. Obligar a las aerolíneas a enviar formularios de compensación y reembolso pre-rellenados para facilitar las reclamaciones”, reivindicaron, al igual que prohibir las tarifas “abusivas” y prácticas “desleales”, incluyendo el equipaje de mano en el precio del billete, eliminando cargos injustificados y garantizando la transparencia de precios.

A su vez, piden asegurar que todos los pasajeros, independientemente de la aerolínea, tengan los mismos derechos al viajar hacia territorio europeo y mejorar la protección de personas con discapacidad, movilidad reducida y familias con menores, garantizando asistencia, compensación y condiciones adecuadas sin costes adicionales.

El director e CECU, David Sánchez, defendió que “lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados. Se reduce lo que cobran los pasajeros, se amplían las excepciones para que las aerolíneas no paguen y se dificulta reclamar”. “Es un cambio de reglas que desequilibra claramente el sistema en contra de las personas consumidoras y que no podemos aceptar. Deberíamos estar trabajando para avanzar en la mejora de los derechos de los pasajeros, no para evitar su retroceso”, sentenció.

Por último, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, declaró que “aceptar este retroceso normativo sentaría un precedente peligrosísimo en el derecho de los consumidores, consolidando un desequilibrio contractual entre aerolínea y personas consumidoras”.

“En un momento de máxima madurez del mercado turístico, la agenda legislativa no debería centrarse en cómo blindar a las compañías aéreas frente a sus propios fallos operativos, sino en avanzar decididamente hacia la automatización de las indemnizaciones a los afectados, la transparencia en la fijación de tarifas adicionales (como el equipaje de mano) y el endurecimiento de las sanciones por prácticas comerciales abusivas”, resolvió.