Así lo reivindicó en un comunicado emitido coincidiendo con motivo del Día de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, y en el que la organización denunció la “doble condena” que, a su juicio, afrontan estas personas y alertó de que entre el 60% y el 70% de las discapacidades intelectuales no se detectan antes del ingreso en prisión, según datos de recogidos por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el estudio de UNAD ‘Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’ señala que el 5% de la población encuestada, tanto hombres como mujeres, tiene reconocida alguna discapacidad intelectual, con un grado medio de discapacidad del 50%.

La red ve necesario mejorar la identificación de la discapacidad intelectual y las adicciones durante el proceso judicial, así como reforzar la especialización de los profesionales que intervienen en estas situaciones y defiende que, cuando las circunstancias lo permitan, se prioricen las medidas alternativas a la prisión y los tratamientos comunitarios.

Una vez en prisión, el acceso a los tratamientos de deshabituación también presenta dificultades, según UNAD, al entender que los programas ordinarios no siempre están adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, mientras que la falta de recursos residenciales en la comunidad dificulta la continuidad de los procesos de recuperación tras su salida de prisión.

PARTICIPACIÓN

Esta falta de adaptación afecta también, a su entender, a la participación de estas personas en los programas de tratamiento, que en ocasiones cuentan con dinámicas grupales y contenidos que no responden a sus necesidades. Por ello, aboga por incorporar herramientas como la lectura fácil, los apoyos visuales y ritmos de intervención flexibles, con perspectiva de género, además de dotar a los centros penitenciarios de recursos específicos para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas internas con discapacidad intelectual y adicciones.

En este sentido, demandó la incorporación estable de personas facilitadoras judiciales en los centros penitenciarios, con financiación específica, para garantizar que estas personas puedan comprender la información que reciben, participar en los procedimientos y programas que les afectan y ejercer sus derechos en condiciones de accesibilidad.

A su vez, la red recordó que, según el informe ‘A cada lado’ de Plena inclusión, el 70% de las personas internas con discapacidad no realiza salidas programadas y alrededor del 55% nunca ha solicitado un permiso, entre otros motivos, por la falta de redes de apoyo. Por otro lado, apenas el 6% de las personas con discapacidad intelectual y adicciones accede al tercer grado o régimen abierto.

La falta de recursos residenciales específicos supone otra de las barreras para avanzar hacia el régimen abierto y UNAD pide la creación y financiación de una red pública de pisos tutelados y viviendas supervisadas para personas con discapacidad intelectual y adicciones.

TRIPLE CONDENA A LA MUJER

En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual y adicciones, las situaciones de vulnerabilidad “pueden acumularse”, según la red, que habla de una “triple condena” derivada de su condición de mujer, su discapacidad y la adicción.

La organización considera necesario incorporar la perspectiva de género y la accesibilidad cognitiva en los programas de intervención y garantizar que estas mujeres puedan acceder a los apoyos y recursos que necesitan durante su estancia en prisión y tras su salida.

Ante esta situación, UNAD defiende una respuesta sociosanitaria y de base comunitaria para las personas con discapacidad intelectual y adicciones, tanto durante su permanencia en prisión como en el proceso de salida y retorno a la comunidad.

La organización reclama reforzar la coordinación entre los ámbitos judicial, penitenciario, sanitario y social y garantizar los recursos necesarios para que la atención pueda adaptarse a las necesidades de cada persona.

Por último UNAD defiende el impulso de las medidas alternativas a la prisión, activando de forma prioritaria las vías de suspensión de condena previstas en la legislación penal cuando sean adecuadas para cada caso.