En un comunicado emitido por la organización, la responsable de Incidencia Política de Unicef España, Lucía Losoviz, destacó que la reforma incorpora medidas como la creación de un turno de oficio especializado en infancia y adolescencia o una definición más concreta del interés superior del menor, que dejará de ser una fórmula abstracta para contar con criterios claros. “Eso implicará que todas las decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes deberán explicar de manera expresa cómo se ha valorado y aplicado este principio”, explicó.

No obstante, Losoviz apuntó que “si bien cualquier mejora legislativa que refuerce la protección de los derechos de la infancia es positiva”, desde la organización consideran que existen aspectos susceptibles de mejora, como la ampliación de la edad para las pruebas preconstituidas. “Actualmente está contemplada para niños y niñas hasta los 14 años y para personas con discapacidad, pero desde Unicef España abogamos para que se amplíe hasta los 17 años incluidos”.

En relación con el derecho a la escucha, subrayó que la ampliación de su obligatoriedad a cualquier edad “fortalece el derecho de los niños y niñas a ser escuchados”, y valoró positivamente que “podrán estar acompañados por una persona de confianza y elegir el sexo de quien les entreviste, especialmente en casos de violencia o maltrato”.

Asimismo, indicó que la posibilidad de que baste el consentimiento de un solo progenitor para que un menor acceda a atención psicológica, social o jurídica “facilitará el acceso a estos servicios de acompañamiento y asistencia y, con ello, al derecho a la reparación de los niños y niñas”.