En este trabajo se pone de manifiesto que únicamente dos comunidades autónomas han definido y completado las funciones del coordinador de bienestar y protección en su territorio, ocho han regulado la liberación horaria única para el desarrollo de dichas funciones y sólo tres establecen un mínimo de cinco horas semanales.

A pesar de que la mayoría de los territorios ha llevado a cabo formaciones elementales para estos coordinadores, el documento apunta que en más del 80% de las comunidades sigue siendo necesario instruir a los docentes que realizan esta función. Una “disparidad de criterios” que, según Unicef, “genera desigualdades en la protección del alumnado”.

Ante esta situación, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, comentó que “si queremos garantizar que todo el alumnado de nuestro país inicie el curso en un entorno seguro y protector, es necesario poner en marcha medidas que agilicen la correcta implantación de esta figura en todos los centros educativos, independientemente de la región en la que se encuentren”.

Unicef explicó que la figura del coordinador y protección resulta “fundamental para impulsar tanto la prevención como la detección precoz de problemas de salud mental entre el alumnado y, por tanto, para contribuir al bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes”.

La organización identificó tres desafíos en el desarrollo de esta figura: “la falta de una definición clara de sus funciones”, “formación especializada insuficiente” y “escasa dotación de recursos y horas para un desempeño efectivo”.

Para paliar esta situación, Unicef consideró necesario disponer de “dotación de recursos proporcional al alumnado, idealmente 23 horas semanales por cada 1.000 estudiantes”, apuntalar una “definición clara de las funciones, que a su vez cada comunidad autónoma debe adaptar a su realidad”, “incidir especialmente en la promoción y prevención del bienestar mental, que deben estar integradas en la planificación escolar y no quedarse en acciones aisladas”, “mejorar la coordinación entre instituciones para que el coordinador sea efectivamente un enlace entre el centro educativo, los servicios sociales y los sanitarios, y pueda dar una respuesta integral ante situaciones de riesgo” y “formación especializada en tres niveles: elemental para todo el personal docente, y básico y superior para los propios coordinadores”.

A juicio de Lara Contreras, “sin tiempo, sin formación y sin reconocimiento, el coordinador corre el riesgo de ser una figura simbólica, y sin respaldo institucional, esta figura no podrá cumplir su propósito preventivo y protector, algo que sólo perjudicará a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.