Este año han llegado a Canarias alrededor de 30.000 personas, de los que más de 4.400 son menores no acompañados, siendo especialmente preocupantes la situación de aquellos con menos de 14 años, según informaron este lunes en un comunicado.

Esta situación, relataron estas tres organizaciones, ha originado el “aumento del número y complejidad de los retos existentes en materia de protección de infancia” y ha evidenciado “la escasa previsión y preparación para las contingencias, así como los insuficientes recursos humanos y materiales de las instituciones -de ámbito estatal y autonómico- implicadas directamente en la identificación, protección e inclusión educativa y social de la infancia migrantes y refugiada recién llegada”.

A su juicio, algunas de las situaciones que se han presentado son “muy graves” y requieren “acciones urgentes”, especialmente en lo concerniente a la identificación de los menores de edad no acompañados en las primeras horas tras el desembarco.

PRIMERAS HORAS

Esto les sirvió para explicar que las primeras actuaciones que se llevan a cabo cuando los menores llegan son “absolutamente cruciales”, ya que “una identificación incorrecta supone dejar a los niños y niñas desprotegidos y sin acceso a los derechos de la infancia más básicos, como la protección, la educación o la reagrupación familiar”.

Estas organizaciones pusieron de manifiesto que se están notificando a las fiscalías “muchos casos de presuntos menores de edad no acompañados que no han sido correctamente identificados y que han sido derivados a centros de adultos que el sistema de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene en las islas Canarias”.

En ese sentido, mostraron su preocupación por la “ausencia” de profesionales especializados en infancia en el momento de la reseña policial que apoyen a la Policía Nacional en la detección y reconocimiento de la minoría de edad.

También constataron una “falta de claridad” en las instrucciones comunes por parte de la Fiscalía de extranjería a las entidades que forman parte del programa de atención humanitaria en lo concerniente a los pasos a seguir en los casos en los que se detecta la presencia de un menor de edad no acompañado en los recursos de acogida para adultos.

A su vez, manifestaron que el número y la frecuencia de las llegadas para los menores no acompañados y separados está causando la apertura de nuevos dispositivos de emergencia que “dificultan enormemente” otro tipo de actuaciones. Por esa razón, reseñaron la necesidad de “agilizar” los traslados a otras comunidades autónomas para “permitir al sistema de protección de infancia canario proporcionar una adecuada atención y protección de todos los niños y niñas”.

PETICIONES

Ante esta situación, solicitaron a las fiscalías que elaboren “instrucciones precisas” a todas las entidades colaboradoras del sistema de atención humanitaria cuando detecten la presencia de menores de edad indubitados o presuntos en este tipo de recursos; que dicten instrucciones tendentes a “evitar el uso sistemático de las pruebas de determinación de la edad en los casos en los que la edad del menor no admite dudas o existe documentación probatoria de la misma”; y que aumenten su presencia en los centros de protección de la infancia y recursos de la red de atención humanitaria.

A la Policía Nacional le reclamaron priorizar la reseña que se declaran menores de edad para evitar que se alargue la detención y autorizar la presencia de personal del sistema de protección de infancia en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y dispositivos asimilables para apoyar en la identificación y derivación de menores de edad no acompañados.

Al Gobierno de Canarias le conminaron a agilizar las actuaciones y trámites administrativos previos a los traslados de menores de edad no acompañados a otras comunidades; asegurar su presencia en los muelles de desembarco, en los CATE y en dispositivos asimilables; garantizar una supervisión constante sobre los centros de emergencia creados en el sistema de protección y garantizar acceso a la información y asesoramiento jurídico sobre protección internacional; reforzar la detección y atención de las necesidades urgentes de apoyo psicosocial y primeros auxilios psicológicos; y aplicar acciones de preparación y contingencia para el sistema de protección.

Por último, exigieron al Ministerio de Derechos Sociales, al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las comunidades autónomas el incremento de plazas de acogidas en los sistemas de protección y la flexibilización de los requisitos para posibilitar el traslado de menores no acompañados procedentes de Canarias.