En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Santiago, ponente y negociador de la norma por el grupo confederal de Unidas Podemos, sintetizó así los avances que recoge la Ley de Memoria Democrática, entre los cuales está que el Gobierno designará en el plazo de un año "una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas".

También se constituirá "una comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura", que "elaborará un informe para sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos" desde 1936 a 1975.

Además de estas modificaciones introducidas por enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno ya incluyeron hace meses en el articulado la creación de un Centro de la Memoria Democrática, de un censo de víctimas del franquismo y de una oficina de víctimas de la dictadura, garantizar el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo y el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, y reconocer el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas impuestas por el franquismo.

Para Santiago, así "dejará de haber víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase, es decir, las víctimas del franquismo van a tener el mismo reconocimiento que han tenido hasta ahora las víctimas del terrorismo".

Por todo ello, instó a "las fuerzas políticas herederas del franquismo: el Partido Popular, Vox y la derecha de Ciudadanos", a que "dejen de poner inconvenientes y se sumen a este gran acuerdo democrático". Tal como lo planteó, "la democracia ha perdonado a los herederos del franquismo", y "ahora hace falta que (ellos) tengan un poco de generosidad con las víctimas y permitan que las tantísimas víctimas, cientos de miles, del franquismo, tengan el mismo reconocimiento que la democracia ya ha dado a las víctimas del terrorismo".

En realidad, otra de las enmiendas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos de las que ha hecho gala especialmente este segundo grupo es una objeción al perdón de la Ley de Amnistía a los dirigentes y funcionarios franquistas. A partir de ahora, recoge la Ley de Memoria, "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".