"Habrá que leerlo, discutirlo… y eventualmente ver qué estrategia seguimos. Lógicamente, intentaremos cooperar con el PSOE", avanzaron a Servimedia fuentes de la dirección del grupo confederal, dentro de la precaución de que "todavía queda mucho" para que la proposición de ley se debata en el Pleno del Congreso.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anunció no obstante el jueves, horas después de que el Grupo Socialista retirara su enmienda a la ley de Libertad Sexual y minutos antes de registrarla como proposición de ley, que haría debatir la iniciativa tan pronto como tenga cupo para tramitar iniciativas legislativas, una vez que la Mesa del Congreso la califique en su reunión del próximo martes.

La proposición de ley, orgánica porque modifica el Código Penal y que por tanto necesita mayoría absoluta para salir adelante, se titula "para prohibir el proxenetismo en todas sus formas", e incluye en esas "todas sus formas" la llamada tercería locativa: la posesión de inmuebles donde se practique la prostitución, aunque ésta sea voluntaria. Así, de ser aprobada, llevaría a prisión entre dos y cuatro años a todo aquél que, “con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”.

En la rueda de prensa del jueves por la mañana en Ferraz, igual que en otra en el Congreso la tarde anterior apenas retirada la enmienda de la Comisión de Igualdad, Lastra emplazó particularmente a Unidas Podemos a que aclare las divisiones que hay entre algunos de los partidos de la coalición respecto a la tipificación penal de la tercería locativa, y a que apoye la iniciativa. En una proposición no de ley también del PSOE que se votó en febrero de 2019, antes de la disolución de las cámaras, Podemos se abstuvo e Izquierda Unida votó a favor.

Fuentes de IU consultadas por esta agencia se reafirmaron ahora en que, aunque todavía no han podido "examinar con detalle el contenido de la iniciativa", la suya es una "formación que viene defendido la abolición de la prostitución desde hace bastantes años", y por tanto valora "de forma satisfactoria todo aquello que sume a la agenda abolicionista que lleva desplegando el Gobierno de coalición desde el primer momento".

Por el contrario, En Comú Podem, como el resto de partidos catalanes sensibles a las asociaciones de trabajadoras sexuales de esa comunidad, rechaza castigar a los propietarios de los inmuebles que ellas necesitan alquilar para desempeñar su profesión. Desde los Comunes no quisieron aclarar si pedirán libertad de voto dentro del grupo parlamentario para poder diferir de sus compañeros, y se refugiaron para no adelantar su posición en que la iniciativa ni siquiera está todavía calificada por la Mesa.

RESTO DE GRUPOS

Pese a ese tiempo que queda para el debate parlamentario, fuentes de Junts per Catalunya consultadas por Servimedia ya confirmaron que su rechazo a la enmienda del PSOE a la Ley de Libertad Sexual se mantendrá ahora que se ha convertido en proposición de ley. "Si no se alcanza un acuerdo para una transaccional votaremos que no", avanzaron tales fuentes. Desde Ciudadanos también adelantaron su voto negativo, convencidos, como siempre, de la diferencia entre prostitución forzada o coaccionada y prostitución libre.

Igualmente, desde la CUP indicaron que "si no cambia nada, votaríamos en contra". "Nuestra postura no es abolicionista con práctica prohibicionista, es regulacionista de derechos para las trabajadoras sexuales", precisaron, distinguiendo entre el proxenetismo y la prostitución voluntaria. "La trata es economía criminal y este tipo de economía se tiene que perseguir. Con la gente que no trabaja en términos de explotación por razón sexual, apostamos por los derechos".

JxCat y la CUP ya registraron en octubre junto a ERC, que no aclaró su posición ante la pregunta de esta agencia, una enmienda conjunta a la Ley de Libertad Sexual en la que precisaban que “hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”, y sólo en ese caso, el de favorecer "la explotación de la prostitución" y no sólo la prostitución a secas, condenaban al propietario del local.

Menos rotundos se expresaron en el PNV y el PDeCat. Fuentes del partido vasco se excusaron con que todavía no han analizado la proposición socialista. Por su parte, desde el partido catalán emplazaron: "Fijaremos posición cuando llegue el momento y cuando hayamos estudiado la literalidad del texto". Pero, en la línea con las formaciones vecinas y la opinión pública en Cataluña, atestiguaron: "Internamente tenemos debate desde hace tiempo sobre este asunto, por lo que esperaremos hasta el final para tener tiempo de estudiarlo bien".

Desde EH Bildu, igualmente, apuntaron a Servimedia que no tienen "una posición fijada", pero puntualizaron que ellos no estaban en contra de la enmienda que retiró el PSOE de la Comisión de Igualdad. "Lo que nos parecía mal era que se incluyera en la Ley del 'solo si es sí'. La analizaremos cuando la traigan a debate".

Justo lo contrario que el PP, cuya diputada Marta González lamentó que el PSOE retirara de la Comisión su enmienda, "que teníamos intención de apoyar", aunque el Grupo Popular estuviera en contra de la Ley de Libertad Sexual por la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión sexual y la inversión de la carga de la prueba en las denuncias de este tipo. No obstante, fuentes del PP consultadas por esta agencia prefirieron esperar a analizar la proposición de ley socialista por si no es idéntica a la enmienda.

De hecho, Lastra, además de a Unidas Podemos, emplazó desde Ferraz a apoyar la iniciativa a todos los grupos que, o bien estaban a favor de la enmienda pero no del conjunto de la ley, como el PP, o bien apoyaban la norma pero no les parecía bien insertar en su articulado la persecución del proxenetismo y la tercería locativa, como Bildu.

Si el PSOE pudiera contar con la "cooperación" de su socio de gobierno pero no con el voto afirmativo del resto de sus aliados parlamentarios habituales, necesitaría recabar el apoyo explícito del PP o de Vox, que no quiso adelantar sus intenciones, para que prosperara su proposición de ley. Las abstenciones pesan en contra en una iniciativa que exige mayoría absoluta para ser aprobada.