Una de ellas es conocer si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no”, entre otras razones “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Unidas Podemos señala que esto afecta directamente a los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez y “a la vulneración del principio de imparcialidad” que esta coalición considera que pueden cometer.

Por este motivo, solicitó la semana pasada que ambos se apartaran de participar en ninguna decisión relacionada "con las maniobras de la derecha para torpedear la normal tramitación parlamentaria de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, cuyas enmiendas aprobó el Congreso el jueves pasado y ahora se debe votar el Senado.

El escrito registrado este lunes lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del citado grupo.

Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea está también conocer si el “incumplimiento” de mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados “sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones, teniendo presente que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según consolidada jurisprudencia del propio TJUE, no es un derecho limitable salvo las excepciones previstas en el artículo 52 de la propia Carta”.

Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje claro cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en concreto en el Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.

El escrito también pide al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si “debe entenderse que el ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’ también concurre cuando del resultado del pleito conlleve la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver”, en clara referencia a lo que afecta a los citados magistrados del Alto Tribunal español.

SUJETOS A LA UE

Los responsables de Unidas Podemos justifican la exigencia de presentación de estas cuestiones de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque “resulta evidente que todo procedimiento nacional está sujeto, de una u otra forma, al derecho de la Unión Europea, pero, en el presente caso, si existía cualquier duda, es la propia parte recurrente la que introduce el presente procedimiento de amparo constitucional en el marco del derecho de la Unión, como no podía ser de otra forma”.

En relación a las actuaciones que desde la semana lleva a cabo el PP ante el Constitucional, desde Unidas Podemos inciden en que “en el presente procedimiento lo que resulta auténticamente relevante y necesario de preservar es la garantía de imparcialidad que ha de tener quienes están llamados a resolver las pretensiones planteadas por los recurrentes”.

“Resulta del todo incuestionable", argumentan, "que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido”.

Partiendo del hecho de que el presente procedimiento se encuentra sometido al derecho de la Unión, el escrito advierte de que “estamos ante un caso único en el cual un poder del Estado tiene en sus manos privar de sus competencias a otro poder del Estado y, todo ello, en un caso que afecta directa e irremediablemente, tanto en lo personal como en lo profesional, a una serie de miembros del propio órgano llamado a resolver sobre el asunto”.

Unidas Podemos señala directamente que el PP lo único que pretende con su actuación ante el TC es “que se suspenda la tramitación de una reforma legal que, entre otras cosas, afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional y, siendo esto así de incuestionable, dichos miembros afectados, que continúan formando parte del Tribunal que resolverá sobre la demanda, no parecen dudar de que la obligación de imparcialidad que también les afecta a ellos no es de aplicación al presente caso omitiendo que, en realidad, es una causa impeditiva de sus respectivas participaciones en la resolución de este concreto procedimiento”.

Los responsables de Unidas Podemos advierten también que si el Tribunal Constitucional se niega a tramitar las cuestiones prejudiciales solicitadas “dejará expuesto al Estado español a la reclamación de cualquier otro Estado miembro y, con ello, dejará nuestro sistema jurídico y judicial a expensas de lo que, llegado el momento, interese a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea”.

En un segundo escrito presentado también hoy, Unidas Podemos recuerda al Tribunal Constitucional que sigue pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular “es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano”. Además, se insiste en que la petición inicial hacía referencia a una votación en el Congreso que ya tuvo lugar la semana pasada, “lo que hace perder el objeto de dicha suspensión solicitada, que debe ser inadmitida”.

RUEDA DE PRENSA

Santiago y Asens explicaron el intento de Unidas Podemos de involucrar al TJUE en una rueda de prensa en la Cámara Baja. “Europa debe ser el árbitro en este conflicto, porque el que tenemos está comprometido de forma directa”, emplazó Asens, quien recordó que el TJUE es “el superior jerárquico” del Constitucional y de ahí haberle solicitado “que tome cartas en el asunto”, porque también está en juego “el prestigio internacional” de la justicia española. Según deslizó, el PP no tendrá problema en aceptarlo ya que dice creer en Europa.

Fuentes de Unidas Podemos recordaron que ésta ya sufrió reconvenciones de tribunales europeos e internacionales en el caso del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y los de independentistas catalanes, pero admitieron no saber cuánto tardará en pronunciarse, pues aún no lo ha hecho sobre el exdiputado confederal Alberto Rodríguez, a quien la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el acta a instancias del Tribunal Supremo tras condenarle por una agresión a un policía en 2014.

Los dos diputados incidieron en que el TC quebrantaría la “inviolabilidad” de las Cortes que reconoce la Constitución y que “ha sido reiterada de forma permanente” por el propio Constitucional y em que no existe un “control precio de constitucionalidad”, por lo que si impidiera la votación de la reforma de la sedición con sus enmiendas sobre el nombramiento de los magistrados de este tribunal estaría perpetrando “un golpe a la democracia”, pues “se desfiguraría el reparto de roles” entre los distintos poderes institucionales.

Santiago sostuvo además que, una vez votada la reforma en el Congreso, ya no hay una urgencia que justifique desoír a una de las partes, los diputados que rechazan las medidas cautelarísimas de suspensión solicitadas por el PP. Por eso, le exigió que se pronuncie cuando se apruebe la ley y no se entrometa en la soberanía popular con un “procedimiento sumarísimo” que a su juicio no tiene sentido si no es como “posicionamiento político al dictado del PP”.

Asens, por su parte, se focalizó en que dejar que Trevijano y Narváez participen en la resolución del recurso del PP, cuando afectan a su continuidad en el TC con el mandato caducado, sería como “si un trabajador decidiera sobre su carta de despido”.

El diputado de Izquierda Unida y el de En Comú Podem coincidieron en que, si el TC suspende la votación en el Senado, se abriría un camino de imprevisibles consecuencias. “Entraríamos en una dimensión desconocida si se perpetra el golpe”, advirtió Asens. “Podemos ir a un choque institucional muy serio con una vulnaración clara del artículo 66.3 de la Constitución”, corroboró Santiago en referencia al precepto de la Carta Magna que sanciona la inviolabilidad de las Cortes. Fuentes de UP deslizaron que el presidente del Senado, Ander Gil, debería proteger esa inviolabilidad y proceder con la votación el jueves aunque el TC la suspendiera.