El órgano consultivo de Estado refuta las principales críticas de la oposición y los rectores tanto al contenido del texto como al proceso seguido por el Ejecutivo para su tramitación.

El dictamen sostiene que el anteproyecto respeta la autonomía universitaria y las competencias autónomicas y no contraviene ninguna norma en la regulación que plantea de aspectos que han sido muy controvertidos como la selección del profesorado, la composición de los consejos sociales o la convocatoria de un proceso electoral de nuevos claustos y rectores. El consejo también cree que el texto se ha debatido de manera suficiente con los principales colectivos afectados.

Acerca de la conveniencia de esta nueva ley, el Consejo de Estado considera "suficientemente justificada la oportunidad de aprobar una nueva regulación sobre la materia" que sustituya al antiguo texto de 1983, algo en lo que coinciden otros sectores sociales.

RESPETO A LA AUTONOMÍA

Con respecto a la autonomía universitaria, el informe del Consejo de Estado reconoce qe dicha autonomía "se encuentra explícitamente reconocida en el artículo 2.2 del anteproyecto, de manera que, con carácter general, no puede considerarse -frente a lo afirmado en alguna ocasión durante la tramitación del anteproyecto- que éste infrinja el derecho a la autonomía universitaria".

En cuanto al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, estima "acertada" la cita a los títulos competenciales en que se ampara el anteproyecto. Además, según el Consejo, "tampoco merece ojeción el anteproyecto desde la óptica del respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, profusamente citadas a lo largo del texto".

Respecto a las universidades privadas, el Consejo de Estado constata la insuficiencia de la actual regulación y cree que "la referencia explícita a la personalidad jurídica de las Universidades privadas no merece en principio objeción".

Advierte, no obstante, de que sería precisa una mayor definición en algunos aspectos (como en el momento en el que se accde a la personalidad jurídica o las concretas formas que adoptaría esta personalidad, si bien en este último aspecto considera que la previsión del anteproyecto no infringe la Constitución, pues ningún precepto de la Carta Magna impone la limitación a unas formas jurídicas u otras.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Según el Consejo de Estado, "no merece objeción la regulación relativa a la estructura de las Universidades" contemplada en el anteproyecto.

El texto elaborado por el Ministerio de Educación estabece una organización mínima que "encuentra apoyo en la posición sustentada por el Tribunal Constitucional". Por otra parte, considera que esta regulación contiene "un elevado margen de flexibilidad" para que las propias Universidades puedan definir cómo configurar sus órganos.

Por lo que se refiere a la la composición del Consejo Social, ve "razonable" que este órgano no esté dominado por miembros que pertenezcan a la comunidad universitaria". Plantea la hipótesis de incrementar la representación acadmica en el Consejo Social.

Sobre el sistema de selección del profesorado, mantiene que "no cabe ocultar los constatados defectos derivados de un sistema como el actual que, al menos de hecho, es excesivamente cerrado en lo que a selección de personal docente se refiere".

El dictamen cree que el sistema de habilitación y la elección por sorteo de los miembros de las comisiones de habilitación "garantiza la objetividad, de manera que con independencia de otras opciones legislativas posibles, la acoida por el anteproyecto no es en este aspecto jurídicamente rechazable".

Por último, el Consejo de Estado considera que es jurídicamente correcta la elección de nuevos claustros y rectores. Plantea la hipótesis de sustituir el proceso constituyente por una mera adaptación de los estatutos. Del mismo modo, pide mayor atención en el articulado del anteproyecto a las enseñanzas virtuales y a distancia.

El dictamen emitido por el Consejo de Estado responde a una solicitud del Ministerio de Educación,Cultura y Deporte, que entendió que, aun no siendo obligatoria en este caso la remisión del anteproyecto de ley de Universidades al Consejo de Estado, era conveniente recabar su opinión.

El Consejo de Estado concluye que el anteproyecto de ley "puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación, que previsiblemente será el viernes 27, y posterior remisión en forma de proyecto de ley a las Cortes Generales.