En la reunión de la subcomisión permanente ampliada del Consejo de Universidades, creada para estudiar el anteproyecto de ley del Gobierno, el secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel, concretó la disposición expresada la víspera por la ministra Pilar del Castillo de corregir el texto en la línea que reclaman los rectores: recortar el poder que el Ejecutivo quiere dar a los cosejos sociales.

Si el anteproyecto establece que en los consejos de gobierno habrá un tercio de representantes de los consejos sociales, el ministerio acepta dejarlos ahora en un 20 por ciento, según dijo Iglesias en rueda de prensa en un receso de la reunión.

En cuanto a las competencias, el Ejecutivo propone circunscribir el derecho de voto de los representantes sociales a los asuntos económicos, de manera que queden excluidos de la toma de decisiones de naturaleza académica.

Los rectores ostienen que la presencia y el poder que el Ejecutivo quiere dar en el anteproyecto a los consejos sociales "invade la autonomía universitaria" consagrada en la Constitución.

El secretario de Estado dijo hoy que esta presencia de la sociedad en los gobiernos de las universidades es perfectamente constitucional y existe en la mayoría de países europeos.

Respecto a la inconveniencia de que haya dos "categorías" de miembros de los consejos de gobierno, unos con derecho a voto y otros sin él en deterinados asuntos, el "número dos" de Educación recordó que esto existe en otras instituciones, en las que figuras como el secretario pueden tener voz pero no voto.

Por encima de todo, Iglesias opinó que la presencia social en los consejos de gobierno es buena y no se puede decir que provoque problemas de ingobernabilidad, "como no se dice ante la presencia de miembros de los consejos de gobierno en los consejos sociales".

REGLAMENTISTA

En la reunión de hoy, el Ejecutivo también aceptó introducir etoques en los mecanismos de nombramiento y revocación de los vicerrectores.

Además, Iglesias aseguró que se había puesto de relieve una voluntad compartida con los rectores sobre la idoneidad de introducir una "mayor flexibilidad y desregulación en la ley", aunque no concretó los posibles cambios. Los rectores y la oposición se han quejado de que es un borrador excesivamente "reglamentista" y recorta el margen de maniobra de las propias universidades.

Preguntado si hoy las posiciones están menosenfrentadas que hace una semana, el secretario de Estado no quiso echar las campanas al vuelo y apuntó que las conversaciones deben proseguir. Para ello, subrayó que hace falta que los rectores envíen totalmente la propuesta global que han anunciado y después se verá si el diálogo se produce de forma bilateral o en el marco del Consejo de Universidades.

Sobre los plazos de aprobación, dijo que se mantiene el previsto de aprobar el proyecto de ley por el Consejo de Ministros en julio. Recordó que los rctores se comprometieron a presentar sus sugerencias el 30 de mayo y se ha producido un retraso que no es responsabilidad del Gobierno.

El próximo lunes volverá a reunirse la subcomisión ampliada del Consejo de Universidades para tratar otros asuntos del anteproyecto. La comisión de coordinación, en la que están representadas las comunidades autónomas, también volverá a celebrar otra reunión.