La UPA señala que, en la mayoría de los casos los retrasos, que oscilan entre cinco meses y un año, se deben a la falta de liquidez del Miniterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los pagos, previstos en el Real Decreto 1887, corren a cargo de la Unión Europea en un 75 por ciento y el 25% restante lo comparten el Ministerio de Agricultura y la comunidad autónoma correspondiente.

Los agricultores tienen que hacer frente ante la entidad financiera correspondiente con sus bienes de los impagos de los mencionados plazos, con el consiguiente trastorno para sus economías.

La mayoría de los casos denunciados ante la UPA se hn dado en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura. En la primera, los responsables del MAPA han reconocido que existen estos atrasos y que se deben a la falta de liquidez por parte del ministerio.

En Extremadura, el MAPA debe 600 millones al Gobierno regional, que éste había adelantado en concepto de ayudas por incorporación de jóvenes. Pero la Junta de Extremadura ha agotado su partida disponible para este fin y ha dejado de pagar. En la actualidad se están abonando los expedientes resuelos en agosto de 1995, es decir, con un año de retraso.

UPA considera que estos retrasos ponen en peligro un programa tan publicitado por el ministerio, pero con tantas dificultades a la hora de su aplicación real a los beneficiarios.