Así se manifestó Abad después de que Seguridad Social celebrara este lunes la primera reunión para iniciar la negociación del nuevo esquema de cotización de trabajadores autónomos para los próximos tres años, basado en cuotas en función de tramos de rendimientos netos de la actividad. Al encuentro estaban convocados los sindicatos, la patronal y las asociaciones de autónomos UPTA, Uatae y ATA.

Precisamente, ATA plantó al Ministerio tras advertir su presidente, Lorenzo Amor, de que antes de adentrarse en una nueva negociación se deben resolver los “problemas” pendientes de la aplicación del sistema por cotizaciones en función de ingresos reales de 2023, primer año en que se implementó. “Nosotros no vamos a abrir otro capítulo sin cerrar correctamente el del año 2023”, avisó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Por su parte, aunque críticamente con el Ministerio, UPTA decidió asistir a la reunión para empezar a avanzar en el diálogo. Tras el encuentro, su presidente, Eduardo Abad, avisó de que los trabajos han empezado “tarde”, lo que obligará a “hacer un sobresfuerzo en una situación política compleja de debilidad en la que tendrán que alcanzarse los acuerdos” necesarios.

Expresó su deseo de que si hay un pacto lo respeten los partidos políticos y recordó que la norma debe estar desarrollada antes del final de 2026. Por ello, apremió a empezar ya a avanzar. Ello se hará a partir de un primer documento que el Ministerio se ha comprometido a remitir a las partes en el mes de septiembre, según informó Abad.

“Exigimos al ministerio que este sea un tema prioritario; afecta a tres millones y medio de trabajadores y de trabajadoras por cuenta propia que deben de resolver su situación de cotizaciones lo antes posible”, declaró el presidente de UPTA.

Señaló que debe quedar claro que el sistema vigente es viable y que recaudó en 2023 unos 60 millones de euros más que el anterior. “Es un sistema viable, es un sistema sostenible y hace que más del 60% de los autónomos de España hayan tenido que bajar el esfuerzo contributivo”, valoró.

PACTO PREVIO

Cabe recordar que los agentes sociales, las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Seguridad Social pactaron en 2022 una reforma de las cotizaciones con cuotas por tramos en función de los rendimientos netos de la actividad que irían desplegándose entre 2023 y 2025. Precisamente, sería este año cuando se negociarían las cotizaciones del siguiente trienio (2026-2028), después de que se publicaran los datos del año 2023, el primero de funcionamiento del nuevo sistema, lo que sucedió esta pasada primavera.

En una comparecencia el pasado martes en el Congreso, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, destacó que “el objetivo es mantener un sistema justo, comprensible y previsible, en un marco de diálogo, transparencia y responsabilidad”.

“En 2025 concluirá el primero de estos periodos transitorios, al tiempo que hemos finalizado el primer proceso de regularización de las cuotas correspondientes al ejercicio 2023 derivado de este nuevo sistema. Podemos decir que su implementación está siendo un éxito, en un contexto donde los autónomos tienen un peso cada vez mayor en nuestro mercado laboral, nunca en la historia hemos tenido tantos autónomos de alta en nuestro país, más de 3,4 millones. Desde 2023, cuando entró en vigor este sistema, el RETA registra 114.000 afiliados más”, se congratuló Suárez.

Suárez recordó datos de este proceso de regularización que se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF de 2023. Explicó que su gestión ha requerido una “compleja coordinación técnica” y administrativa, con más de 1.500 millones de actualizaciones de datos procedentes de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), las mutuas, el SEPE y las haciendas forales. En total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones.

Para más de dos millones de personas no ha sido necesario realizar ajustes: 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otras 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Cerca de 1,6 millones sí han estado sujetas a regularización. De ellas, unas 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias.

Más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, 324.000 no presentaron declaración de rendimientos, por distintas causas. Por otro lado, ha habido más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas.