En un comunicado, la organización señala que Urralburu y Aragón "deben una disculpa pública a todas aquellas personas y organizaciones a las que acusaron de casitodo por el mero hecho de mantener una posición contraria a Itoiz".

Para Greenpeace, la sentencia pone de manifiesto que en la adjudicación de obras de gran presupuesto y que en muchos casos suponen un daño enorme para el medioambiente, puede haber elementos de corrupción, "sobre los que los poderes públicos deben estar siempre alerta".

Por último, la organización hace un llamamiento a los partidos políticos de Navarra para que reflexionen sobre su apoyo a una obra pública cuyo fin último aún se esconoce, "que fue impulsada por un grupo de personas corruptas y hoy condenadas y con un gran impacto ambiental y social".