Los artículos declarados inconstitucionales permitían la subida del sueldo de los funcionarios autonómicos en un 6,35%, por encima del límite del 1,8% que fijaba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año.

Para USO, la sentencia del Tribuna Constitucional "se limita a reconocer lo obvio: la jerarquía normativa, primero entre leyes estatales y de comunidad autónoma, según las competencias constitucionales, y después, entre leyes y convenios o pactos colectivos".

Tras recordar que "el Gobierno queda obligado por sus propios actos libremente realizados", USO sostiene que el Ejecutivo de José María Aznar debió incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 1997 la subida salarial que ya estaba pactada con los sindicatos en su día, con indpendencia de las decisiones que después adoptase el Parlamento".

Según USO, "el supuesto, pese a las diferencias técnicas, no deja de ser el mismo que el de patronales vinculadas jurídicamente por los convenios colectivos que previamente firmaron".