En dicha organización, que es una de las entidades cívicas integrantes del recién constituido Consejo de Ciudadanía y que tiene una plantilla de una veintena de empleados, trabajan hasta cinco personas sordas de origen extranjero.

"Estamos ante un caso de doble integración donde personas de origen extranjero y que a la vez sufren una discapacidad rompen las barreras de comunicación formando parte de una empresa como uno más", subrayó Rafael Blasco, consejero de Inmibración y Ciudadanía.

Blasco explicó que, en muchos casos, las personas sordas no están plenamente integradas al no habérseles prestado la atención que merecen. "A partir de ahora", dijo, "queremos ser la voz de este colectivo, ayudándoles mediante subvenciones y escuchándoles en el Consejo de Ciudadanía".