Así lo asegura la UCO en un informe, al que ha tenido acceso Servimedia, aportado al juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta existencia de una trama para cobrar comisiones ilegales a cambio de recibir préstamos de la SEPI.

En esta causa se investiga, además de a Vicente Fernández, a la exasesora socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En el marco de estas pesquisas, el magistrado abrió otra pieza separada sobre la presunta trama para desestabilizar sumarios por corrupción que afectan a la formación socialista y al Gobierno.

Respecto a la investigación sobre el presunto cobro de comisiones para que la SEPI diera determinados préstamos, en su último informe la UCO apunta que Fernández siguió ejerciendo en la práctica como presidente del ente público pese a que abandonó el cargo el 4 de octubre de 2019.

“TOMA DE DECISIONES”

La investigación revela que entre 2020 y 2021, Fernández actuó de facto como si siguiera en el cargo. Así, en estos dos años, asistió a reuniones de negociación con terceros en nombre del ente empresarial público, tomó decisiones internas e impartió instrucciones directas a altos cargos de la compañía estatal.

Los agentes de la Guardia Civil afirman que, aunque este encausado dejó de ser máximo responsable de la SEPI a finales de 2019, “las evidencias recopiladas ponen de manifiesto que habría continuado actuando de facto como su presidente”. “Se ha constatado su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones a otros directivos”, recoge el informe.

En las negociaciones para un crédito puente con el Banco Santander, Fernández llegó a dar esta instrucción a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente y presidente en funciones del ente empresarial público: “Hay que llamar a este hombre mañana. Le he dicho que tú te encargarías".

El informe policial añade que este investigado obtuvo de manera sistemática información y documentos internos de la SEPI protegidos por el deber de reserva, según establece el artículo 2.7 del Real Decreto-ley 25/2020.