A su juicio, se trata de una fianza "desmesurada" para una organización no lucrativa como es la suya, que no se corresponde con lo que habitualmente exige un juez por este concepto. Puso como ejemplo el "caso Naseiro", en el que la fianza fue de 50.000 pesetas.

No obstante, Ibarra alaró que eso no les va a parar en su intención de personarse como acusación popular en este caso y que la cantidad exigida ya ha sido ingresada por su organización.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia adelantó que en su querella contra Ricardo Guerra, principal sospechoso de la muerte de Aitor Zabaleta, le acusan de asesinato y asociación ilícita.

El representante de la acusación popular insistió en que la segunda dimensión de la querella es muy importante, porque el sospechoso y os otros dos jóvenes encarcelados por esta muerte pertenecen a un grupo ilegal que "incita y practica el odio y la violencia", delito que recoge el artículo 515, apartado d, del Código Penal.

REPUNTE DE LA VIOLENCIA

Esteban Ibarra recordó que su organización ya había anunciado un repunte de la violencia urbana, encabezada por grupos ultras, fascistas y neonazis, en los entornos escolares y deportivos y en las zonas de copas, que "se está produciendo".

Admitió que desconocen el motivo "profundoreal" por el que se está registrando este fenómeno, pero precisó que el teléfono de asistencia a las víctimas de la violencia ha tenido un notable incremento de llamadas.

Ante esta situación, el presidente de la citada ONG explicó a esta agencia que han exigido al Ministerio de Interior la puesta a disposición judicial de quienes porten armas prohibidas, y criticó que hasta ahora, tras las operaciones especiales de decomiso de armas blancas, todavía no se haya dado ese paso, en aplicación del artícul 563 del Código Penal.

Además, Ibarra reclamó una actuación de la Fiscalía General del Estado frente a los grupos violentos en defensa de la legalidad. "Si existen estos grupos y están catalogados como grupos violentos, no entendemos por qué no hay una acción firme de la fiscalía", dijo.

Respecto a la policía, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia señaló que tampoco comprende por qué no hay una actuación a nivel nacional frente a los grupos urbanos violentos, con mayor especializacin de la policía, y una intervención que supere los ámbitos locales o municipales.

En el caso de las hinchadas violentas en el fútbol, la ONG reclama que la Comisión contra la Violencia aplique estrictamente la Ley General del Deporte y el Convenio Europeo contra la Violencia, que exigen la exclusión de los violentos de los campos de fútbol y la retirada de símbolos que inciten al odio y a la violencia.