"No se puede gobernar lo que no se mide, no se puede evaluar lo que no se registra, no se puede corregir lo que no se conoce”, señaló Rodríguez, quien defendió que España se ha enfrentado a crisis recurrentes de vivienda porque “a diferencia del resto de derecho sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado ni atendido con la continuidad y la ambición que exigía” hasta ahora.

En ese sentido, la ministra afirmó que “si tenemos claro los objetivos y aunamos esfuerzos, estoy convencida de que lograremos garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada para todas y todos”.

Asimismo, aclaró que el Gobierno está "determinado" a solucionar este problema "para hoy y para siempre". "Desde 2018, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se ha movilizado un presupuesto récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, poniendo punto y final a la anomalía de no haber desarrollado en 45 años el artículo 47 de la Constitución Española”, apuntó.

Por otra parte, Rodríguez defendió que desde el Gobierno se trata de defender que los derechos se garantizan desde lo público. "No se puede delegar su cumplimiento exclusivamente al crédito privado o a las iniciativas de promotores, por más bienintencionados que sean; son necesarios, pero la garantía debe ser pública”, señaló.

INFORME MONOGRÁFICO

Por último, Rodríguez solicitó al CES un informe monográfico sobre las políticas de vivienda y su impacto económico y social que sea “analítico, estructural y propositivo”.

La ministra justificó la necesidad de este informe en que la vivienda exige algo que hoy escasea en el debate público, pero que en el CES forma parte de su ADN institucional: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de concitar acuerdos.