Así lo afirmó el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro en el Pleno del Congreso durante el debate de su iniciativa para responsabilizar al Ejecutivo de la crisis. A lo largo de su intervención, aseguró que los ceutíes viven “secuestrados en su propia ciudad”, “desprovistos de su libertad” y sometidos a una “delincuencia disparada”, con los “invasores campando a sus anchas y cada vez más agresivos”.

Gil Lázaro denunció que, en el contexto actual, “puede producirse un hecho irreversible que genere un estallido social en cualquier momento” porque Ceuta está “harta” de que el Gobierno sea “incapaz de garantizar su seguridad”. Y reprochó al Ejecutivo que los migrantes dispongan de “camas y colchones nuevos” y “wifi gratis” mientras los policías hacen turnos de hasta 15 horas y trabajan con falta de efectivos y de “órdenes claras”, según relató.

El diputado de Vox criticó además el anuncio de Sánchez para crear 10.000 plazas de acogida permanentes porque, a su juicio, evidencia que Sánchez vislumbra que se puede repetir “un hecho similar” y avisó de que su partido no permitirá que el presidente del Gobierno pueda “trapichear con Marruecos” con la soberanía de Ceuta. “Ceuta es y será siempre España y Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, sentenció.

Desde el PP, el diputado Fernando de Rosa sostuvo que lo ocurrido “no fue un problema migratorio ni siquiera un drama humanitario”, sino una “violación grave de la integridad territorial de España mediante la instrumentalización de seres humanos”. Afirmó que Marruecos es “responsable de lo ocurrido por acción o por omisión” y reprochó al Gobierno que siga “callado” ante el comunicado de Rabat, que, según defendió, únicamente recibió una respuesta “con firmeza” por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

LA IZQUIERDA SE REVUELVE

Tras escuchar a la derecha, la diputada socialista Araceli Poblador cargó contra Vox por hacer una política que “esparce odio”. En este sentido, advirtió de que calificar de “invasores” a quienes llegaron a Ceuta supone convertir a “personas con nombres en una amenaza colectiva” y “deshumanizar” a los migrantes. “Las palabras no son inocentes, porque el odio no se queda en esta tribuna”, advirtió, haciendo extensible la afirmación a los menores migrantes.

No obstante, reconoció que los ceutíes tienen “todo el derecho a exigir seguridad” y “tranquilidad”, aunque insistió en que para ello necesitan “coordinación” y “solidaridad”, y no “odio” ni “miedo”. “Aquí está la otra frontera que debemos proteger, la frontera moral”, remachó.

Por parte de Sumar, Gerardo Pisarello también acusó a las “derechas radicalizadas” de aprovechar la crisis para “esparcir veneno contra los más vulnerables” y “criminalizarlos en nombre de la patria”. En concreto, reprochó a Vox haber atizado un “pseudopatriotismo hipócrita, neocolonial, violento” que, según alertó, amenaza con romper la convivencia entre las comunidades cristiana, musulmana, judía e hindú de Ceuta.

Pisarello acusó además a la derecha de agitar electoralmente la amenaza de la inmigración mientras necesita a los migrantes como “ciudadanos de segunda clase” para realizar trabajos en el campo, las “macrogranjas” y los servicios. También sostuvo que el “antimaroquismo social” constituye para Vox y otras formaciones europeas de derecha radical “una manera de dividir al pueblo”.

Finalmente, Àgueda Micó, de Compromís, acusó a Vox de llevar reiteradamente al Congreso y a Europa debates sobre Ceuta sustentados en “bulos y racistadas”, y responsabilizó a los de Abascal del incendio de 40 tiendas de campaña utilizadas por migrantes y la agresión a un niño de ocho años, herido por el impacto de un perdigón disparado.