En rueda de prensa desde la sede de Vox, Buxadé explicó que en una causa “normal penal”, a un investigado se le cita a declarar y si este no comparece, el juez ordena su detención. En el caso de Puigdemont, recordó que este lleva “cinco años fugado de la justicia, sabemos que es un cobarde que no va a comparecer voluntariamente a petición del juez”.

Según matiza Vox en un documento, la “lógica” es esperar a su no comparecencia voluntaria, pero los datos “son ciertos, los hechos notorios y la burla a la resistencia a autoridad judicial evidente”. Por eso, en este caso, hacen la citada petición con antelación, porque ambos se encuentran “fugados”.

En el caso de Puigdemont, Buxadé recordó que “rige la llamada decisión marco, que regula esa orden europea de detención y entrega desde el año 2002”, en el que el terrorismo y la pertenencia a organización terrorista no permiten que el juzgado belga pueda hacer “ese juicio de doble incriminación” que es lo que justificó que “no le hayan traído” ya.

Sin embargo, expuso que “el terrorismo y la pertenencia a organización terrorista determinan automáticamente la entrega por parte de las autoridades belgas a las autoridades españolas”. A su vez, avanzó que otra acción que llevará a cabo Vox es el envío de cartas a la presidenta del Parlamento Europea, Roberta Metsola, denunciando esta situación.

CAMBIO DE LA LOREG

El objetivo de esta carta, expuso, es que, una vez llegue la documentación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se aprueben de forma “inmediata” las “actuaciones pertinentes” para que el Parlamento Europeo no ponga “ni un solo obstáculo a la entrega de Puigdemont”, dado que “ya ha sido levantada la inmunidad” por parte del PE.

A juicio del vicesecretario jurídico de Vox, es “inadmisible” en “una Europa de libertades” que haya en el Parlamento Europeo un diputado “perseguido por terrorismo”, refiriéndose al expresidente catalán, y este “pueda participar en los próximos debates y votaciones en comisión y en pleno”.

Además, expuso que en el Congreso Vox presentará una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que quienes estén fugados de la justicia y perseguidos por los “más graves delitos”, “terrorismo, malversación de caudales” o “delitos de rebelión”, no puedan concurrir a un proceso electoral y pierden el derecho a sufragio pasivo.

En este punto, aprovechó para mencionar el borrador de la Comisión de Venencia, que ha sido objeto de “manipulación por unos y por otros”. Este informe, apuntó, “ni es vinculante, ni es necesario ni es preceptivo, nada de nada”. De hecho, “dice que no tiene capacidad para resolver la constitucionalidad de una eventual ley de amnistía”.