Según informó Vox, en su escrito reclama medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas.

Además denuncia al Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta como "garante de cuantas personas se encuentran en su demarcación, por su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio" y pide que se le investigue por delitos contra la vida y la integridad física, prevaricación, denegación de auxilio y contra el orden público.

El escrito sostiene que "la crisis no fue un acontecimiento imprevisible, sino que estuvo precedida por advertencias, alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales destinados a la protección de la frontera de Ceuta".

El objetivo de la denuncia es "que sea un juez quien determine si las autoridades competentes cumplieron los deberes legales que les incumbían, qué información tenían antes de producirse los hechos, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones jurídicamente relevantes que contribuyeran a agravar las consecuencias de la crisis".

Entre las medidas cautelares, Vox pide que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta al amparo del artículo 15.3, en relación con el 16.e), de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, así como el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal.

El escrito pone el foco en el impacto sufrido por los españoles y residentes legales con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio.

Solicita también intensificar las identificaciones en la vía pública "con estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado. Las medidas se piden con carácter perentorio por el peligro en la demora y la irreversibilidad de los bienes jurídicos comprometidos".

Junto a ello, pide que se recabe la documentación que permita reconstruir la cadena de decisiones entre el 20 y el 31 de julio consistente en los planes de contingencia y protocolos de la Delegación del Gobierno; efectivos y medios realmente desplegados; alertas de la Dirección de Seguridad Nacional y, en su caso, del CNI; los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas; las grabaciones AIS, radar y de videovigilancia del perímetro fronterizo; las comunicaciones diplomáticas con Marruecos; las eventuales evaluaciones de vulnerabilidad de Frontex sobre Ceuta; la determinación judicial del número, identidad y causa de muerte de las víctimas; y una investigación policial sobre la difusión de instrucciones para el cruce irregular en redes sociales.

Considera que "la gravedad de los hechos, el elevado número de víctimas y el impacto sufrido por los ciudadanos de Ceuta exigen una investigación judicial completa, independiente y rigurosa que permita esclarecer lo sucedido, depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse".

Finalmente, Vox reiteró su "compromiso con la defensa de la seguridad de los españoles, la integridad territorial de España y la protección efectiva de las fronteras nacionales como frontera exterior de la Unión Europea".