Así lo comentaron durante el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatía una proposición no de ley de Vox para exigir al Gobierno francés la protección de los transportistas y agricultores españoles frente a los ataques en la frontera e impulsar acciones en la Unión Europea para garantizar la protección de los trabajadores “de cualquier sector afectado por la competencia desleal de terceros países y por las trabas impuestas por las instituciones europeas”. La toma en consideración de esta iniciativa previsiblemente será rechazada.

La diputada de Vox que defendió la iniciativa dijo que las protestas de agricultores y transportistas “han sido constantes” en Europa “en lucha contra las élites globalistas que desde Bruselas imponen leyes dañinas conta un sector que les es ajeno”. Criticó que “son exigencias ecologistas que imponen condiciones inasumibles para aquellos que dependen de la tierra para vivir” y que se está produciendo una “permisiva competencia desleal”.

“Los ataques exigen por parte del Gobierno una respuesta efectiva y firme, tanto española como francesa”, reclamó Mejías al tiempo que pidió garantizar el tránsito normal para los transportistas y que se investigue quién está detrás de los ataques. Mejías pidió la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y que los “burócratas de Bruselas” asuman su responsabilidad.

La diputada del PSOE calificó la iniciativa de Vox de “tapadera” que “no tiene la intención de ayudar”, sino que “esconde el discurso negacionista, crispado, lleno de falsedades”. Faneca dijo que en el PSOE “entendemos los problemas y las dificultades” de agricultores y transportistas, que se han mantenido contactos con las autoridades francesas para “exigir” que frene los ataques y que se está trabajando con el consulado francés y la embajada de España en París para que los afectados “reciban a la mayor brevedad las indemnizaciones”.

Desde el PP, Milagros Marcos expuso el “apoyo” y “reconocimiento” de su partido al sector primario “por resistir casi seis años al mayor y peor enemigo que se puede tener, el propio Gobierno”. Marcos aprovechó el debate para señalar que el Ejecutivo “pacta en Waterloo con los prófugos de la justicia, pero impone la Política Agraria Común” y permite que “los delincuentes redacten las leyes para amnistiarles” al tiempo que “aprueba las leyes en contra de quienes nos dan de comer”.

Entre el resto de partidos, Sumar, PNV, ERC y Bildu manifestaron su rechazo a la iniciativa. La diputada de ERC Teresa Jordà acusó a Vox de “hipócritas y oportunistas” y Joseba Andoni Aguirretxea, del PNV, criticó que son iniciativas que “siempre van en contra de alguien”.