En concreto, ayer el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, avanzó que su partido iba a presentar una querella contra “todas aquellas personas cuya participación o responsabilidad pudiera acreditarse en la operación dirigida contra la juez Beatriz Biedma, que investigó el caso del hermano de Pedro Sánchez”.

Esta jueza, que instruyó la causa sobre David Sánchez, denunció supuestos contactos de la trama de Leire Díez con el narcotráfico para atacarla. Los delitos que Vox apunta en su querella son “atentado contra la autoridad (en grado de tentativa), coacciones (en grado de tentativa), descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias, y pertenencia a organización criminal”. Lo que espera con esta acción es que “se investigue hasta el final quién diseñó esta operación, quién participó en ella, quién la financió y quién dio las órdenes”.

Sobre ello se pronunció hoy la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, quien denunció que el Gobierno, “utilizando sus cloacas, pretendía mandar un narco a darle un sustillo a la magistrada”. Es decir, el Ejecutivo, “contactó con un narcotraficante al que le dieron fotos de las hijas de la magistrada” e “información de su rutina para que fuera a darle un sustillo”.

“Es que hoy nos parecemos más a un narcoestado que otra cosa y estamos comentando esto como si estuviéramos hablando de la inflación”, deploró Millán. Preguntó con qué “tranquilidad” puede la oposición denunciar “todos los días al Gobierno” sabiendo que es capaz de “mandarnos a un delincuente como si estuviéramos en un narcoestado”.

“¿En qué países sucede esto? En un país tercermundista, en los narcoestados, que es camino de lo que vamos, porque estamos en un régimen del terror impuesto por el PSOE, donde se persigue al disidente” y “se procura la muerte civil de todo el que investiga el Gobierno”, concluyó la portavoz de Vox en el Congreso.