La querella señala que no existe justificación alguna, documental o fiscal, de la adquisición e importación de las piezas encontradas en el registro de las oficinas de Zapatero. Esto hace que haya indicios de delitos contra la Hacienda Pública, al no haber documentación que demuestre que el expresidente cumpliera las obligaciones tributarias para unas joyas con un valor mínimo superior a 1,3 millones de euros.

De la misma manera, considera Vox, Zapatero podría haber incurrido en un delito de contrabando, que quedaría constatado en el informe del Instituto Gemológico de España, que establece el origen de muchas de las piezas fuera de nuestras fronteras, sin que exista ninguna documentación aduanera.