Según apunta Vox, la ‘ley de nietos’ “ha generado cerca de 2,5 millones de peticiones de nacionalidad, habiéndose concedido hasta la fecha aproximadamente 570.000”. “Solo hasta el 31 de mayo de 2026, los consulados españoles habían tramitado presencialmente más de 1,2 millones de peticiones”, añade.

Este partido expone en el escrito que el Consulado General de España en Buenos Aire “es la oficina que a fecha de junio de 2026 había recibido más solicitudes: 645.052”. Este escrito, dice Vox, se apoya en “una resolución que la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares” ha dirigido a este partido “tras su solicitud de transparencia”.

Los de Santiago Abascal apuntan que “el órgano reconoce explícitamente que instruyó a las oficinas consulares para aplicar los criterios fijados en la Instrucción de Sofía Puente, así como en su posterior modificación de 5 de noviembre de 2024”. “Este documento demuestra que el Gobierno trató de asegurar, en todos los consulados de España, la aplicación sistemática y uniforme de la Instrucción”, asevera.

El escrito incorpora también información periodística sobre “presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes en distintos consulados”. Entre ellas, Vox destaca el caso del Consulado General de España en Rosario, Argentina, donde, según estas informaciones, “se habrían agrupado los expedientes de numerosos familiares en torno a un mismo ascendiente español, sin que este acreditara individualmente su condición de exiliado, reutilizando documentación y acelerando así la nacionalización de nietos y bisnietos”.

Ante “la gravedad” de los hechos, “la interpretación extensiva e ilegal” de la Ley de Memoria Democrática, y del “riesgo” en la configuración del censo electoral, Vox solicita la declaración testifical de la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez; la exdirectora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; los cónsules de España en Rosario y Buenos Aires, los cónsules a cargo de las oficinas consulares que más nacionalidades han tramitado en aplicación de la ‘ley de nietos’, así como de todos sus antecesores en el cargo desde 2022, fecha de entrada en vigor de la norma.

Con esta petición, Vox busca “esclarecer si las nacionalizaciones concedidas se ajustaron a las exigencias legales de la norma y, en particular, a la acreditación individualizada de la condición de exiliado del ascendiente, o si, por el contrario, se aplicaron de forma extensiva e ilegal los criterios de unas Instrucciones que la propia Sala ya ha advertido que no parecen ajustar al contenido de la norma, con las consecuencias que ello conlleva sobre la inscripción en el CERA”.