En concreto, Vox presentó el 4 de octubre una proposición de ley cuyo principal objetivo es recuperar y poner en marcha la ley ELA, presentada por Ciudadanos y cuya toma en consideración en la anterior legislatura fue aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso.

El partido de Abascal recordó que no vio definitivamente la luz debido a que los miembros de la Mesa del Congreso perteneciente a los partidos del Gobierno prorrogaron 49 veces el plazo de enmiendas al articulado y quedó paralizada. Además, tras la convocatoria de elecciones generales y la disolución de la Cámara, decayó definitivamente.

El 21 de noviembre, Vox hizo público que el Gobierno respondió que “teniendo en cuenta que el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641, representaría un coste estimado de 38 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de incluir a los pensionistas a los que se reconoce ese mismo derecho”.

Por todo ello, el Ejecutivo resolvió que “se considera que la aprobación de la proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución”.

Ante esta respuesta que Vox criticó, el partido de Santiago Abascal optó por volver a presentar el pasado 23 de noviembre la misma proposición de ley, pero con una modificación, una nueva disposición adicional para que la ley entre en vigor en el primer ejercicio presupuestario posterior a su aprobación, un detalle para intentar salvar el “obstáculo” que puso el Gobierno.

Concretamente, esta disposición adicional dice que “la presente ley entrará en vigor el primer día del ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

En la reunión mantenida este martes, la Mesa del Congreso decidió admitir a trámite esta proposición de ley de Vox y ahora se notificará al Gobierno. Fuentes parlamentarias señalaron que, pese a esta modificación añadida por los de Abascal, el Ejecutivo sigue teniendo su potestad para rechazarla.