El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales declaró hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta norma permitirá a las personas con discapacidad "disponer de la plena ciudadanía".

Caldera aseguró que la aplicación de esta ley facilitará la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad y garantizará la igualdad, algo que destacó también la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.

El objetivo del anteproyecto de ley es establecer un régimen sancionador eficaz ante las infracciones que vulneren la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

La norma considera infracciones administrativas las vulneraciones de los derechos de los discapacitados cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

MULTAS

La infracciones serán leves, graves o muy graves, según la gravedad de los hechos punibles y las multas irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros.

Los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha colaborado en elaboración de la ley, que fue informada favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Asimismo, las Comunidades Autónomas han sido consultadas en el proceso de elaboración en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.